Una protesta rechazable

La manifestación de guardias civiles, ayer en Madrid, que reunió a varios miles de agentes en reivindicación de una mejora de sus condiciones laborales, había sido convocada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) y la Unión de Oficiales (UO) y fue posible por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que estimó el recurso contra la prohibición dictada por la Subdelegación del Gobierno, basada en el carácter militar del cuerpo. Con todo el respeto a las decisiones judiciales, la argumentación del Tribunal al permitir la manifestación es poco convincente. La sentencia aduce que una cosa es que los guardias civiles no puedan asociarse sindicalmente y otra distinta que no puedan actuar en defensa de sus intereses profesionales. Sin embargo, es absurdo -a menos que cambiemos el significado de las palabras- negar el carácter sindical de la protesta de ayer, a la que acudieron, por si no estaba suficientemente claro, los líderes de Comisiones Obreras y UGT. El Gobierno, en un esfuerzo por parar la protesta, anunció el pasado jueves que se atenderían algunas de las reivindicaciones históricas de la Guardia Civil, y en concreto la reducción de la jornada semanal y el disfrute de 14 festivos anuales. Y se aplaza la equiparación salarial con la Policía Nacional, que es de justicia otorgar, hasta que mejoren las circunstancias económicas. En cualquier caso, le ha faltado al Ejecutivo decisión a la hora de mantener (o no) el carácter militar de la Guardia Civil, lo que ha dado alas a los partidarios de la desmilitarización, con todas sus consecuencias. La propia Ley Orgánica de Derechos y Deberes de la Guardia Civil de 2007 es ambigua, ya que reconoce el asociacionismo profesional y el derecho de manifestación como civiles. El carácter militar de la Guardia Civil goza de indudable consenso social, ya que asegura una disciplina y eficacia superior. Evidentemente, quien ingresa en el cuerpo, pudiendo hacerlo en la Policía Nacional, acepta encuadrarse en el estamento castrense. Así las cosas, no es de recibo que se toleren en vía judicial o ejecutiva actuaciones sindicales más o menos explícitas que son incompatibles con esta condición.