Nueva prueba para una débil democracia

«¡Sal de aquí extranjero, no tienes derecho a pisar una mezquita!». De nada sirve la acreditación electoral o el permiso de la Policía y el personal de la Comisión Electoral Independiente (CEI). Un grupo de interventores de Karte Nao, zona pastún del este de Kabul, se opone a la entrada de «infieles» en su templo reconvertido en centro de votación porque «así lo ha pedido el mulá». Sentados sobre la alfombra de oración su labor se limita a observar el voto de los ciudadanos que acuden con cuentagotas. El lado dedicado a las mujeres está semivacío, como las urnas destinadas a las papeletas.

Afganistán votó ayer su nuevo Parlamento en una jornada marcada por la amenaza talibán -el viernes los insurgentes secuestraron a dos candidatos y dieciocho operarios del órgano electoral-, que causó al menos 42 muertos y 107 heridos en incidentes y ataques repartidos por todo el país, según las autoridades. Un portavoz insurgente aseguró que habían logrado lanzar ataques contra 150 centros en todo el territorio. A pesar de todo, el Gobierno mantuvo un discurso optimista asegurando que fue «una jornada segura en líneas generales».

Kabul amaneció con una fuerte explosión que se produjo pocos minutos antes de la apertura de los centros electorales a las siete de la mañana, cuatro y media hora de España. Un ataque con cohete que no provocó víctimas y que fue el único acto violento registrado en una capital blindada por Policía y Ejército. El presidente Hamid Karzai acudió temprano a su cita con las urnas y pidió a los ciudadanos que votaran para «llevar al país hacia un futuro mejor». Su mensaje no pareció calar en el electorado que con el paso de las horas fue desapareciendo de los colegios. «Hay más interventores que votantes, la gente que viene está confundida con semejante lista de candidatos», era el comentario general.

Un total de 2.507 candidatos -de ellos 398 mujeres-, todos independientes, concurrían para una cámara legislativa de sólo 249 escaños. Solo en Kabul, más de seiscientos aspirantes pelearon por los 33 asientos de Kabul y tenían gente repartida por toda la capital. «Nos pagan una media de 1.000 afganis, diecisiete euros al cambio, nos dan comida y tarjetas de teléfono; no está nada mal», reconocía Waled Yousufi, estudiante de veinte años que observaba el proceso para la lista de Abdul Rasul Sayyaf. Al preguntarle sobre los informes de derechos humanos que acusan a su candidato de ser un «criminal de guerra» se encoge de hombros y afirma que «todos los comandantes están ahora en política; lo que nos interesa es su dinero, no sus armas o su pasado». Otros confesaban estar allí «por voluntad propia».

Al cierre de los colegios la Comisión Electoral Independiente ofreció los datos de la participación relativos a 4.632 de los 5.816 colegios abiertos, que fue del 40%, dos puntos por encima de las presidenciales de 2009. Unos datos obtenidos por estimación. La CEI apuntó que 3,6 de los 9 millones de electores habían acudido a las urnas. Los primeros resultados oficiales se esperan para el miércoles, pero los definitivos podrían demorarse hasta finales de octubre.

Hablar de estadísticas en el caso afgano resulta confuso debido a la falta de control sobre el proceso en la mayor parte de un territorio que «es un país en guerra claramente y donde es un milagro que se puedan realizar elecciones», en confesó el máximo responsable de Naciones Unida en el país, Staffan de Mistura.