Málaga prepara el mayor juicio de la historia

Hace cuatro meses que la fecha está registrada en varios centenares de agendas. 27 de septiembre. 10.00 horas. Funcionarios de la Administración de Justicia, periodistas y abogados, entre otros, tienen muy presente que dentro de ocho días echará a andar, con las cuestiones previas, el juicio por el caso más célebre de la historia de la democracia española, el único que ha originado la disolución de una corporación municipal. Cuatro años y medio después de que se destapara el 'caso Malaya', los 95 acusados se sentarán en el banquillo por la supuesta trama de corrupción municipal acunada en Marbella, aunque con ramificaciones patrimoniales y bancarias en buena parte del territorio nacional y vinculaciones bancarias en el extranjero.

27 de septiembre. 10.00 horas. Son los penúltimos números -los últimos llegarán con la sentencia- de una causa marcada por las cifras. 'Malaya' se ha convertido en el mayor macroproceso de la historia judicial española. El caso llegó a superar el centenar de imputados, aunque finalmente serán 95 las personas juzgadas, para las que, en su conjunto, la Fiscalía Anticorrupción solicita más de 450 años de cárcel y reclama multas que superan los 4.000 millones de euros.

Durante la instrucción se archivaron las actuaciones respecto a varios encausados y se extinguió además la responsabilidad penal sobre tres imputados debido a su fallecimiento. El número definitivo de procesados quedó en 98, pero, salvo sorpresa, ni los ex concejales Carlos Fernández y Javier Lendínez ni el empresario José Manuel Carlos Llorca Rodríguez se sentarán en el banquillo. Están huidos y han sido declarados en rebeldía por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, tribunal encargado del caso.

Quien sí estará será el principal acusado, Juan Antonio Roca, el supuesto cerebro de la trama de corrupción. La Fiscalía le considera el jefe de la organización delictiva, el hombre que durante lustros dominó el urbanismo de Marbella a la sombra del desaparecido ex alcalde Jesús Gil, primero, y que se convirtió en el auténtico regidor de facto después. La mayor parte de las cifras de 'Malaya' están relacionadas con el ex asesor que, según el fiscal consiguió una fortuna de más de 200 millones de euros en apenas una década.

Entre los bienes intervenidos a Roca entre los últimos días de marzo y los primeros de abril de 2006 se dieron cita varias fincas, palacios, un hotel, obras de arte, un avión, un helicóptero o ganaderías de toros bravos y caballos pura sangre. Según la Fiscalía, el presunto cerebro recibía aportaciones de empresarios a cambio de resoluciones urbanísticas favorables y utilizaba parte de ese dinero para supuestamente corromper a los concejales del Consistorio marbellí que a partir de la próxima semana se sentarán a su lado en el banquillo. Entre ellos, dos ex alcaldes: Julián Muñoz y Marisol Yagüe.

Los investigadores cifran en más de 33 millones de euros la cuantía recibida por Roca entre 2001 y 2006 por parte de una veintena de empresarios. Calculan además que a través de las 71 sociedades vinculadas al ex asesor urbanístico, gestionadas por sus supuestos testaferros, se blanquearon cerca de 240 millones de euros.

Petición de penas

El Ministerio Público pide para Juan Antonio Roca una pena de 30 años de cárcel y 810 millones de euros de multa por un delito continuado de blanqueo de capitales en el ámbito de una organización en la que ostentaba la cualidad de jefe y los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho. La petición de pena para Roca se amplía en el caso del resto de acusaciones. El Ayuntamiento de Marbella solicita 39 años de prisión, mientras que la Junta de Andalucía eleva la demanda hasta los 40 años.

En el caso de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, Anticorrupción solicita para ella 20 años de cárcel. Su antecesor, Julián Muñoz, se enfrenta a una pena de diez años de prisión, mientras que para la ex primera teniente de alcalde, Isabel García Marcos, el Ministerio Público demanda al tribunal doce años de cárcel.

Entre los números vinculados al 'caso Malaya' no existe, sin embargo, un cálculo del supuesto perjuicio ocasionado a las arcas municipales. La indemnización que la Fiscalía establece para el Ayuntamiento de Marbella es de más de 4,1 millones de euros, alrededor de un uno por ciento de los más de 4.000 millones de euros exigidos en multas. El equipo de Gobierno considera la cantidad ridícula, aunque en su escrito de acusación solo suma 10 millones más en concepto de responsabilidad civil. El Ministerio Público refleja también en este ámbito las supuestas cuotas defraudadas a la Agencia Tributaria por parte del ex primer teniente de alcalde Pedro Román, el abogado Juan Hoffman y el ex comisario Florencio San Agapito, a los que reclama indemnizaciones a Hacienda cuya suma supera los 6 millones de euros.