Discrepancias con Zapatero

El Gobierno andaluz mantiene que son discrepancias amistosas, sin ánimo de polemizar o de debilitar al equipo de Rodríguez Zapatero. Pero en apenas un mes y medio, el Gobierno de Griñán se ha opuesto a tres medidas de calado del ejecutivo central. Y lo ha hecho públicamente, con megáfono incluido y con Griñán como principal voceador. La Junta de Andalucía llevaba meses pidiendo más capacidad de endeudamiento para 2011, pero es en las últimas semanas, tras aprobar el Ejecutivo un tope del 1,3% del PIB para todas las comunidades, cuando el equipo de Griñán ha intensificado la reivindicación de más deuda.

Bastante enfadado se mostró el presidente andaluz con la decisión de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, de eliminar las ayudas a la compra de VPO. Dejaba en la estacada a uno de los planes más ambiciosos de su gobierno. La última gota vino del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino (MARM) cuando dio a conocer el deslinde de las costas que afectan a Doñana, la joya de la corona de la Junta. Se come más de nueve mil hectáreas de este paraje. En el Gobierno andaluz se asegura que se negocia con Madrid todos estos frentes con esperanza de darles salida y se afirma que ninguna de estas reivindicaciones ha dañado las relaciones entre Griñán y Zapatero. «Se vieron en agosto y se volverán a ver pronto», afirman.

Más endeudamiento

El Ministerio de Economía y Hacienda ha establecido un tope de endeudamiento del 1,3% del PIB para todas las comunidades en 2011 para frenar el déficit público, lo que autorizaría a la Junta un endeudamiento de 1.857.364,72 euros ese año. El Gobierno andaluz cree que ese 'café para todos' de Salgado es injusto con las comunidades que, como Andalucía, han cumplido con el plan de estabilidad y ha contenido su déficit en los últimos ejercicios colocando su endeudamiento casi dos puntos por debajo de la media nacional. De esta forma, Andalucía cuenta con una deuda de 1.300 euros por habitante, frente a Cataluña (3.355 euros), Comunidad Valenciana (3.014 euros), Baleares (3.237 euros), Navarra (2.371 euros) y Madrid (1.834). Es decir, algunas de ellas casi el triple. Sin embargo, debido a que son comunidades con un PIB alto, podrán endeudarse más en 2011. De hecho, con la fórmula de Salgado, el aumento del déficit por habitante en Cataluña estaría en 339,81 euros; el de la Comunidad Valenciana en 259,27euros ; y el de Madrid en 384,81 euros, frente a los 223,70 euros por habitante autorizados para Andalucía. Sólo a Extremadura y a Castilla-La Mancha se les concede menos.

«El reparto no es justo», insistía el presidente Griñán el viernes en Radio Nacional al explicar que, de esta forma, se premia a comunidades que no han hecho bien la tarea, se han endeudado más de la cuenta y ahora el Gobierno les permite un déficit mayor que a Andalucía. En definitiva, podrán hacerse con más dinero para afrontar inversiones con las que arrostrar la crisis. El paro en Andalucía es del 27%, frente al 20% de la media nacional.

«¿Es justo que una comunidad autónoma que tiene un endeudamiento por debajo de la media pueda aumentar su déficit lo mismo que quienes tienen el endeudamiento alto?», se preguntaba Griñán el viernes.

Griñán es el portavoz de esta reivindicación y Carmen Martínez Aguayo la que negocia con Madrid, que ya ha dicho que no. Sabe que las posibilidades de que Elena Salgado ceda son escasas, pero insiste: «No vamos a dejar de pedir lo que creemos que es justo», dijo a este periódico. Hay poco tiempo, las previsiones de los Presupuestos para 2011 se deben estar cuadrando ya. Andalucía ha estado proponiendo varias fórmulas al equipo de Salgado, pero Martínez Aguayo mantiene hermetismo sobre ello. Griñán dejó caer el viernes una posibilidad: «Podríamos hacer una mezcla: comunidades autónomas que tienen menor nivel de endeudamiento y que tienen mayor nivel de paro, vamos a hacer algo que les permita tener una mayor capacidad de endeudamiento para inversiones», una propuesta que le vale tanto a Andalucía como a Galicia, gobernada por el PP.

Ayudas para las VPO

La decisión de la ministra Beatriz Corredor de eliminar a partir del 1 de enero las ayudas a las VPO (2.000 euros a los promotores y hasta 12.000 a los compradores) y derivar este dinero a la rehabilitación y alquiler de viviendas sentó como un jarro de agua fría al Ejecutivo andaluz. Rosa Aguilar, consejera de Obras Públicas y Vivienda, mostró su desacuerdo desde el momento en que se dio a conocer la medida a finales de julio. Griñán secundó el enfado, criticando que la iniciativa se efectúe de «la noche a la mañana de manera drástica». Aguilar y Griñán están de acuerdo en que se prime el alquiler y la rehabilitación, pero reclaman una prórroga de las ayudas estatales a las VPO. Andalucía es la comunidad con más VPO en marcha y la que más subvenciones recibió del Estado por este concepto (63millones el pasado año). La Junta prevé en su plan concertado de vivienda consensuado con ayuntamientos y agentes sociales la construcción de 172.000 viviendas hasta 2012.

En su entrevista con Zapatero en agosto, Griñán arrancó al presidente el compromiso del diálogo en este asunto. Rosa Aguilar y Beatriz Corredor se reunirán este mes. Previamente, la Junta ha remitido varias alternativas que permitirían una moratoria de las ayudas de las VPO. Las propuestas han sido consensuadas con los agentes sociales y la FAMP. Aguilar se muestra optimista ya que ha observado «gestos» en la ministra que animan a ello, según comentó a este periódico.

No al deslinde de Doñana

La decisión del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino de convertir en dominio público hasta 4,8 kilómetros tierra adentro del litoral de Doñana (casi 9.200 hectáreas) también enojó a la Junta de Andalucía, que considera excesivo este deslinde. No hay discusión sobre la protección, ya que con una u otra fórmula tanto el parque nacional como el natural mantienen la máxima protección, pero sí puede afectar al aprovechamientos del espacio natural. Los ecologistas defienden la decisión de la dirección general de Costas, que pretende expropiar las dunas interiores. Griñán habló de acudir a los tribunales si no se atienden las alegaciones andaluzas, pero el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha suavizado en los últimos días la pugna, tachándola de discrepancias técnicas con posibilidades de solución. Le ha escrito una carta a Elena Espinosa.