La 'correa' de la que empezó a tirar Garzón

El 'caso Gürtel' (correa, en alemán) saltó a la luz el 6 de febrero de 2008, justo una semana antes de que arrancase la campaña de las autonómicas en Galicia y el País Vasco. Los titulares de ese día hablaban de que, por orden de la Audiencia Nacional, se habían producido detenciones de empresarios vinculados al PP. El caso lo instruía Baltasar Garzón y justo el fin de semana en el que se puso en marcha el operativo policial el juez compartió cacería con el entonces ministro de Justicia. Al final terminó por costarle el puesto a Mariano Fernández Bermejo.

A partir de entonces, y pese al secreto de sumario, comenzó un goteo de nombres que podrían estar implicados en la trama. Algunos dirigentes del PSOE apreciaron en lo que iba saliendo un caso de financiación ilegal del PP. Los 'populares' se aplicaron para explicar que no estábamos ante otro 'Filesa'; también para que el juez Garzón se apartara del caso. Al final -aunque tardó- lo hizo porque había indicios contra aforados del PP. Los afectados eran parlamentarios autonómicos en Madrid y en Valencia. Por eso el caso ha terminado en los tribunales superiores de Justicia de estas dos comunidades. Alejado del caso, y con sus funciones de juez suspendidas, Garzón podría terminar sentado en el banquillo de los acusados por ordenar las escuchas de algunos sospechosos que ingresaron en prisión.

En la vertiente madrileña del 'caso Gürtel' los imputados 'más políticos' son tres diputados de la Asamblea: Alberto López Viejo, un hombre de Esperanza Aguirre que dimitió nada más saltar a la luz su nombre; Benjamín Martín Vasco, portavoz adjunto en la Asamblea que también dimitió como presidente de la comisión de investigación del espionaje a cargos de la Comunidad; y Alfonso Bosh. Se les atribuyen delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. El caso también se ha llevado por delante a varios alcaldes de la región: el de Arganda: Ginés López; el de Pozuelo y ex marido de la dirigente del PP nacional Ana Mato, Jesús Sepúlveda; y el de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. También está implicado el ex regidor de Majadahona, Guillermo Ortega.

El futuro de Camps, en el aire

En la vertiente valenciana, y después de meses en la cuerda floja, terminó imputado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y su número dos y entonces secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, ahora apartado del partido. El juez instructor les atribuía un presunto delito de cohecho. Declararon para negarlo todo y quedaron sin medidas cautelares. El TSJCV archivó el caso al estimar que no había relación entre los regalos en forma de trajes que pudieron recibir y las adjudicaciones de contratos públicos a las empresas del cabecilla de la red. La decisión fue recurrida por la Fiscalía Anticorrupción y el PSOE valenciano, el Supremo admitió los recursos y el TSJCV se vio obligado a reabrir el caso.

Todavía quedaba una tercera vertiente, en el Tribunal Supremo, que ha terminado en el TSJM porque tanto Luis Bárcenas como Jesús Merino dejaron de ser aforados cuando renunciaron a sus actas parlamentarias, el primero era senador por Cantabria, y también tesorero del PP, y el segundo era diputado por Segovia. En el sumario aparecen indicios de que Bárcenas recibió 1,3 millones de euros en sobornos de la organización de Correa. Merino aparece como otro de los "benefactores" de la trama.

El supuesto cabecilla de la res es Francisco Correa, al frente de un conglomerado de empresas que organizaba actos para el PP. Las primeras imágenes que salieron de él habían sido captadas en la boda de la hija del ex presidente Aznar y Alejandro Agag, a la que asistió como invitado y testigo en la ceremonia. Del medio centenar de imputados, es uno de los dos que sigue en prisión. También lo está su primo, Antoine Sánchez. Pablo Crespo, que fue secretario de organización del PP gallego hasta 1999, quedó en libertad en abril pasado tras depositar una fianza de 1,2 millones de euros. En general, blanqueo de capital, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias son los delitos de los que se acusa a buena parte de los imputados.