¿Quién quema el monte?

A finales de 2009 se habían producido en todo el país más de 10.000 incendios forestales, cifra que algunos políticos vendieron en tono jubiloso, sin entrar a valorar los lugares ni las hectáreas quemados, ni el hecho de que cada vez queda menos que quemar. De este año aún no hay cifras definitivas ya que, como suele suceder, casi siempre se producen en septiembre (mes en el que nos encontramos) los incendios más virulentos, coincidiendo con las fechas en que el matorral está más seco pero también-casual o no casualmente- con la finalización de los contratos de las cuadrillas de los Infocas / Egmasas / Tragsas de turno. Aunque suele ser muy difícil detener al incendiario, este año han vuelto a detener a otro empleado de Tragsa como presunto autor de los incendios de Valencia, que hasta ayer habían arrasado 4.500 has. de monte. Recuerdo que no hace mucho una responsable (por llamarle de alguna manera) de la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía anunció, cuando se estaba produciendo un gran incendio, que de continuar éste no iban a tener más remedio que prorrogar los contratos del Plan Infoca...

¿Quién quema el monte? Llevamos años insistiendo en ello: el fuego no puede tener beneficiarios. En tiempos del denostado Icona las cuadrillas estaban contratadas todo al año, en labores de prevención, y los incendios, en cuya extinción colaboraban también los municipios afectados (incluso grupos ecologistas que, por cierto, no contaban con la simpatía de los sindicatos) eran en lineas generales menos numerosos y virulentos que actualmente, existiendo entonces mucha más superficie forestal. No es que todo fuera perfecto, ni mucho menos, pero la defensa del bosque giraba en torno a la prevención, que es lo razonable.

De la mano de la descentralización y de las transferencias de las competencias en materia de montes a las distintas autonomías, fue tejiéndose a través de estas una gran tela de araña que basa la gestión forestal en la extinción y no en la prevención y se ha plasmado en lo que llamamos 'La economía del incendio'. Es una trama que extiende sus tentáculos por distintos sectores sociales, empresariales, institucionales, bancarios, etc., que se nutren del incendio y que a estas alturas se ha vuelto incontrolable.

Los múltiples beneficios que obtenemos de los montes no mueven cuentas bancarias (favorecer la lluvia, impedir la erosión, recargar los acuíferos, amortiguar el clima, ser hábitat de especies animales y vegetales...el paisaje, el pastoreo, la leña, la apicultura, los frutos, etc.), pero si el monte arde, o va a arder, el dinero circula abundantemente por los bancos: contrataciones de personal (que se prorrogan si el incendio continúa), contrataciones de hidroaviones, helicópteros, maquinaria pesada para abrir pistas forestales, suministros de bombas retardantes y extintoras, mangueras, batefuegos, equipamientos, contrataciones de personal para la saca de la madera, que alimenta a un enjambre de empresas madereras y papeleras, recalificaciones de terrenos para crear o ampliar urbanizaciones, extensión de la ganadería, contrataciones de empresas de viveros y repoblaciones, etc., etc. Todo un tinglado económico, cada vez con mayor implantación, que coronan empresas como Egmasa y Tragsa (no tenemos constancia de que, pese a su trayectoria, se haya abierto expediente informativo alguno a esta empresa).

La dramática situación que atraviesan nuestros montes es un exponente del desastre de la gestión forestal (y medioambiental, en general) en España, que comienza por el saqueo del agua de los montes, dejándolos secos como la yesca, para desviarla hacia los complejos urbanísticos y turísticos, y termina por implantar toda una economía basada en el incendio. Intencionadamente se ignora lo obvio, que hay que cuidar las masas forestales durante todo el año, realizando labores de prevención y de protección de sus recursos (como el mencionado del agua), manteniendo limpios los cortafuegos y empleando a personal que conozca bien el terreno, lo que no suele suceder con todos los contratados para la extinción. Porque la mejor gestión es aquella que evita que el incendio se desencadene. Pero si esto sucede, debe ser atajado por quienes trabajan en el monte durante todo el año, en política de prevención, lo conocen, están dotados de medios adecuados,.y no se van a ver beneficiados por el incendio. Teniendo en cuenta que, como norma general, si el fuego no se controla en los primeros veinte minutos, se va de las manos.

El incendio no puede tener beneficiarios. La madera quemada debe ser inmovilizada (¿Saben que España exporta madera para las fábricas de papel de Francia?), la recalificación urbanística de los terrenos quemados debe ser prohibida (no sólo en el papel, y dejando vías de escape, sino en la práctica), los lugareños no deben beneficiarse de contrataciones por causa del incendio, etc., etc. Son cuestiones elementales.

Ante la problemática de los incendios forestales, que afectan a todas las autonomías, el gobierno central tendría que tomar cartas en el asunto, retomando las competencias en la materia. ¿Cómo se puede regular ni controlar nada con 18 gobiernos? ¿Cómo puede dejarse el tema en manos de políticos que ofrecen prórroga de contratos en caso de que el fuego continúe? ¿Por qué tienen que detenerse las cuadrillas cuando el incendio entra en otra autonomía? Es de locura. Y, sobre todo, urge desmantelar las tramas incendiarias que han tomado la Administración. De lo contrario los montes van a continuar ardiendo.