La prohibición del velo integral en los espacios públicos en Francia pasa sin resistencia el último trámite del Senado

Se acaba el debate en Francia porque a partir de ahora queda prohibido el uso del velo integral en todos los espacios públicos. El Senado francés ha votado a favor del proyecto de ley y se pone así fin a su tramitación parlamentaria. Las últimas discusiones de los partidos han estado centradas en los riesgos jurídicos de su aplicación y, sobre todo, en una posible censura por la justicia europea. La polvareda que ha levantado esta ley no se corresponde con la unanimidad que ha tenido en las Cámaras, donde ha sido aprobada casi sin oposición. En el Senado han votado a favor 246 parlamentarios y sólo uno lo ha hecho en contra.

La ministra francesa de Justicia, Michèle Alliot-Marie, aparecía confiada en la Cámara Alta después de que el proyecto recibiera un apoyo abrumador en la Asamblea Nacional en julio. Ahora confía en que nos ea censurado por el Consejo Constitucional, pese a las advertencias del Consejo de Estado.

Alliot-Marie ha insistido en que la propuesta legislativa, aunque prohíbe las vestimentas que cubran el rostro en todos los espacios públicos, incluida la calle, se justifica por razones de seguridad y de respeto del orden público, y además prevé excepciones. Esas excepciones incluyen, entre los ejemplos que ha ofrecido, situaciones en que una persona tenga que llevar tapada la cara por obligaciones de seguridad (el casco de un motorista, la máscara de un practicante de esgrima), médicas (un enfermo con mascarilla) o culturales (un penitente en una procesión).

Ausencia de los socialistas

La ministra conservadora anticipaba así las reticencias de los socialistas, que como ya hicieron en la Asamblea Nacional no han aprticipado en la votación pese a que "comparten los objetivos" de la ley. El senador socialista Jean-Claude Peyronnet justificaba ese boicot porque "el riesgo de censura me parece importante", sobre todo por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se ha pronunciado en otros casos contra las restricciones en la vestimenta cuando no estén asentadas en el mantenimiento del orden público. Para salvar ese riesgo, Peyronnet ha defendido una enmienda para establecer una lista nominativa de espacios públicos -desde escuelas o edificios administrativos a comercios "sensibles"- en los que no se podría llevar ni el burka ni el niqab.

La ministra Alliot-Marie ha puesto el acento en que las sanciones de la ley se han "tratado de adaptarlas a la realidad de lo que queremos hacer", que es por una parte "convencer a las mujeres que lleven el velo integral a que renuncien" y castigar con dureza a quienes les obliguen. Para las mujeres, "la mediación debe primar sobre la sanción" y por eso durante los seis primeros meses de vigencia no se les multará sino sólo se les advertirá y luego se les podrán imponer sanciones de hasta 150 euros así como "cursos de ciudadanía".

Según ha explicado, para demostrar que "la República no admite el abuso de la vulnerabilidad de las personas", a quienes les obliguen a cubrirse se les castigará con penas de un año de cárcel y 30.000 euros de multa, penas que se duplicarán en caso de que las víctimas sean menores. Ahora que el texto se ha aprobado por los senadores sin modificaciones, no será necesaria una segunda lectura en el Parlamento y su entrada en vigor será cuestión de unas pocas semanas.