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Antonio y Montse, en la vivienda social a la que accedieron tras el desahucio. :: JAVIER FERNÁNDEZ
Jerez

El drama de Antonio Soto

Tras perder su piso por una deuda con Credijerez, la familia se enfrenta ahora a una multa por destrozos en la vivienda

VIRGINIA MONTERO
JEREZ.Actualizado:

«Más vale que aquel día no me hubiera levantado». Así recuerda Antonio Soto la mañana aciaga en que se acercó a las oficinas de la antigua Credijerez a solicitar una reunificación de deudas. Desde entonces, los contratiempos han marcado su vida y la de su familia y estos días se está escribiendo un nuevo capítulo en la larga cadena de dificultades.

Antonio y su familia perdieron su vivienda en 2007 a consecuencia de las deudas que mantenían con la empresa crediticia. El Ayuntamiento les proporcionó una vivienda social y allí viven desde entonces. Pero hace apenas dos meses que les llegó una multa de 24.000 euros por los destrozos que presentaba su piso del Polígono de San Benito en el momento en que los funcionarios los desalojaron.

Este padre de familia, en paro desde hace más de dos años, asegura que pocos días antes de que le llegara la orden de desahucio estaba haciendo obras en casa «y por eso había roto los tabiques». La multa recaía sobre el matrimonio y sobre otros dos familiares que les acompañaban en esos duros momentos en el interior del piso. Entre las dos partes acordaron un plan de pagos mensual para hacer frente a la multa pero los primeros reveses no han tardado en llegar.

«Tenemos que pagar 245 euros al mes cada uno durante 24 meses. Entre lo mío y lo de mi mujer son casi 500 euros y yo solamente cobro 400 euros de ayuda. Es imposible que pague todo y que pueda vivir», detalló Soto.

La fragilidad económica que padecen se hizo palpable pronto en estos pagos. «Mi cuñado sólo pudo pagar 120 euros y la Policía le puso el cepo a su coche. Tuvimos que ir a pagar el resto al juzgado para que le quitaran el embargo», explicó Soto. A su esposa, Montse, le acaba de llegar una notificación del juzgado «diciéndole que si no pagaba iba presa, aunque ella está declarada insolvente».

La desesperación de la familia es evidente: «El juicio que yo puse todavía no ha salido pero las denuncias de ellos han ido muy rápidas. ¿Qué clase de justicia es ésta?», dijo Soto. «Llevo más de cuatro años luchando y todavía estoy padeciendo las consecuencias de aquello», recordó.

La situación está afectando a su familia y tanto su mujer como uno de sus hijos están recibiendo atención psicológica.

Los 38.000 euros

Soto, albañil de profesión, quiso reducir las cuotas que pagaba cada mes con una reunificación de deudas. «Me dijeron que me darían 38.000 euros pero solamente me pagaron 14.000. Del resto no vi un euro», repite una vez más. «A los seis meses tenían que revisarme otra vez y, como había puesto el piso de aval, no me reunificaron más la deuda y se quedaron con él».

Confiesa que de la mensualidad por la multa «sólo estamos pagando 120 euros cada uno porque no podemos más». De hecho, le solicitaron al juez que tuviera en cuenta sus circunstancias económicas para que rebajaran las cuotas. «Aparte de eso tenemos que pagar el agua, la luz y la comida», relató.

Soto confía en que la denuncia que interpuso contra la empresa fructifique y salga pronto el juicio: «Si ellos están imputados por otros casos, ¿por qué no se ha parado el proceso contra mí?», se preguntó.

Mientras estira como el chicle la ayuda social que percibe para mantener a su esposa y sus hijos y busca «cualquier cosa» en la que trabajar, aguanta el tirón «con la ayuda de mis padres y de mis hermanos».