Reformas laborales para apagar fuegos

España ha vivido en democracia quince reformas laborales, y en torno a una decena han sido significativas desde que en 1984 se introdujeran por primera vez cambios en el Estatuto de los Trabajadores. Con el modelo europeo por norte, donde los países más sólidos no rebasan la tasa de paro del 10% en las peores crisis, las reformas rara vez han sido preventivas. Siempre han tratado de apagar fuegos como tasas de paro de entre el 20% y el 25%, una temporalidad del 40%, un coste del despido de los más elevados del continente o un desempleo juvenil del 50%.

El Estatuto de los Trabajadores ha sido reformado en 1984, 1994, 1997, 2001 y 2006, y también ha habido cambios en el mercado laboral en 1992, 1996, 2002 y 2009, además de la modificación a la que dio luz verde el pasado jueves el Congreso de los Diputados. Deshacer lo hecho para rehacerlo, bajo el método ensayo-error, ha sido la fórmula utilizada en las consecutivas modificaciones legales. Y un vistazo a los cambios más relevantes muestra la dificultad de la tarea de homologarnos a Europa.

Una obsesión empresarial

Coste del despido

Finalizar la relación laboral de la forma más barata ha sido una de las grandes demandas de los empresarios. Las reformas desde 1984 han abordado el abaratamiento del despido, dirección en la que se ha avanzado en la aprobada el jueves pasado, con la generalización de los colectivos a los que se aplica el contrato de fomento del empleo indefinido -con 33 días de indemnización- y los cambios en las causas objetivas de despido, como la simple previsión de pérdidas por la empresa, lo que se traduce en 20 días de indemnización por año trabajado y por un máximo de 12 mensualidades, frente a 45 días y 42 mensualidades que regían hasta ahora.

La primera intervención significativa fue en 1994, cuando se ampliaron las posibilidades del despido objetivo, que conlleva una indemnización de 20 días por año con el máximo de una anualidad. Aquella modificación costó al Gobierno de González una huelga general. En 1997 fue creado por consenso el contrato de fomento del empleo indefinido para determinados grupos de parados, que rebajó la indemnización por despido improcedente a 33 días por año, frente a los 45 días vigentes hasta entonces, y que sería ampliado a nuevos colectivos en 2001 y en 2010. Los primeros años la fórmula tuvo éxito, pero su aplicación ha perdido fuerza al mantenerse la vieja indemnización de 45 días por despido improcedente.

El peligro que nació en 1984

Contrato temporal

La reforma recién aprobada establece nuevas medidas sobre el empleo temporal, como el aumento de 8 a 12 días de indemnización por fin de contrato, la limitación del encadenamiento de contratos y los límites a los de obra o servicio.

El mercado laboral español cumplía los estándares europeos de estabilidad hasta que la crisis de principios de los 80, con una tasa de paro del 21%, llevó al Gobierno a generalizar los contratos temporales. Se crearon los de fomento del empleo, de obra o servicio y el de circunstancias de la producción. La consecuencia fue el alza de la temporalidad hasta niveles desconocidos. UGT, el Gobierno socialista y CEOE consiguieron el objetivo de facilitar la contratación, pero a costa de crear un problema que dura hasta hoy: la elevada temporalidad, con consecuencias muy negativas sobre la productividad.

Protección versus presupuesto

Cobertura de paro

La actual reforma endurece las condiciones que obligan a los desempleados a aceptar un curso de formación después del primer mes sin ocupación, frente a los cien días vigentes hasta ahora. Las restricciones en las prestaciones han sido objeto de fuerte conflictividad en el pasado. El llamado 'decretazo' de Felipe González estableció recortes en el cobro del desempleo en 1992, para erradicar el fraude. Las medidas propiciaron una huelga general. En 2002 otro 'decretazo', éste de José María Aznar, causó otra huelga. Establecía la posibilidad de retirar las prestaciones a los desocupados que rechazaran ofertas de trabajo o formación que la Administración considerara adecuadas.

Ha habido mejoras de derechos para algunos colectivos, como la de 2006, según las disponibilidades presupuestarias o la orientación del gabinete de turno. En 2009 el Gobierno mejoró el acceso a los subsidios y decidió reponer el periodo de desempleo consumido en los expedientes de regulación de empleo.

Tasas de paro de hasta el 50%

Insertar a los jóvenes

La decisión de concentrar en los jóvenes buena parte de las ayudas a la contratación de la última reforma laboral, con subvenciones de hasta mil euros anuales en las cotizaciones a la Seguridad Social durante tres ejercicios, y los cambios para favorecer la extensión de los contratos de prácticas y de formación, con mejoras de salario y coberturas, son la última intervención contra el paro juvenil, que en este momento rebasa el 40% y ha llegado a rondar el 50%.

Junto con subvenciones a la contratación, la forma habitual ha sido mediante contratos de formación, de inserción o prácticas. Ya en 1984 se amplió a 20 años la edad para el contrato de formación y un intento del Gobierno en 1988 de crear uno específico para jóvenes con derechos y remuneración recortados fue el detonante de una huelga general que obligó al Gobierno a retirarlo. Las condiciones fijadas para los contratos de aprendizaje en la reforma de 1994 generaron el término 'contratos basura', que no desaparecerían de la legislación hasta la reforma de 1997.

Paso a la iniciativa privada

Intermediación laboral

La nueva regulación ha dado un paso en la homologación con Europa de la intermediación laboral, que se abre a las agencias de colocación con ánimo de lucro, aunque sometidas a un estrecho control del Servicio Público de Empleo. Además, se amplía el campo de actuación de las ETT, que podrán acceder por primera vez al sector de la construcción y a la Administración Pública.

Fue en la reforma de 1994 cuando se autorizaron las ETT, con importantes restricciones, y un año más tarde, por decreto, las agencias de colocación sin ánimo de lucro. En sus primeros años de vida, las ETTs vivieron en medio de un fuerte rechazo sindical, y los frecuentes abusos cometidos con los trabajadores cedidos desembocaron en la intervención del Gobierno, que terminó en 1999 por equiparar sus derechos con los de los operarios de las empresas usuarias. Hoy siguen despertando recelo entre las centrales, pese a que gestionan cerca de 1,7 millones de contratos al año.