Los fraudes provocan cambios en la escolarización de más de 40 niños

Cuando un niño cumple tres años, una de las principales preocupaciones de las familias es en qué colegio estudiará hasta la adolescencia. La elección de muchos padres es tan firme que, a veces, intentan por todos los medios conseguir plaza en el centro escolar deseado aunque para ello tengan que omitir cierta información, alquilar un piso cerca del colegio para obtener los puntos por domicilio y cambiar el empadronamiento del menor. La picaresca se ha hecho un hueco importante en los últimos años en las solicitudes de los escolares que acceden por primera vez al sistema educativo y en el actual proceso de escolarización se han detectado en Jerez al menos unos 40 casos.

Son las familias que se han quedado sin plaza en el colegio elegido las que denuncian posibles falsedades de otros padres que sí han sido admitidos y es en ese momento cuando empieza la investigación. En el caso del cambio de domicilio o de empadronamiento -es de los más comunes- es la Policía Local de cada municipio la que verifica si el pequeño vive realmente en la dirección que figura en la solicitud acudiendo a la vivienda a diferentes horas del día e incluso preguntando a los vecinos.

Las denuncias entre los padres suelen producirse en colegios concertados, que es donde suele haber más demanda de plazas escolares aunque el problema puede empezar a extenderse a centros públicos (ya se han dado una veintena de casos en un colegio de El Puerto). Cuando se verifica un fraude en la solicitud, Educación retira los puntos otorgados al alumno y suele ser el siguiente de la lista de espera el que pasa a ocupar la plaza que deja vacante. En este proceso de escolarización han sido nueve los casos detectados en el colegio Jesús María El Cuco, otros nueve en El Pilar, siete en María Auxiliadora (Salesianas), siete en La Salle Buen Pastor y cinco en La Salle San José.

Durante esta última semana han sido, pues, alrededor de 40 escolares los que han entrado en el centro que eligieron en primera opción después de que se investigara un posible fraude. Para el abogado Manuel Luis Fernández estas situaciones se han convertido «en algo normal porque hay cierta sensación de impunidad». Aunque todavía no se están sancionando estos comportamientos más que con la retirada de puntos, el letrado ha constatado este curso «más rigurosidad» tanto por parte de la administración educativa como por los propios colegios a la hora de baremar. Por ejemplo, apenas se han concedido puntos por monoparentalidad: «Una familia ya no es monoparental por una separación sino sólo en ciertos casos excepcionales», explicó Fernández.

Los niños que ocupan la plaza de otro que ha sido expulsado por fraude se matriculan en el centro escolar de forma definitiva. Eso sí, se da la circunstancia de que no son admitidos en el centro necesariamente los escolares que han presentado denuncia sino los siguientes de la lista por lo que a veces los denunciantes se siguen quedando fuera mientras otros se benefician de sus acciones. «El que no reclama, no debería beneficiarse de la reclamación de otro. Es un sistema injusto», destacó el letrado jerezano al que acuden muchas familias cada año por estos motivos.

Más este año

La proliferación de intentos de fraude se hizo especialmente notable el curso pasado e incluso este año ha vuelto a registrar un leve aumento. «Los padres cada vez reclaman más aunque siempre habrá quien se escape. Sienten que no poder elegir el centro escolar de su hijo es una situación injusta y no se quedan con los brazos cruzados», aseguró Fernández. «Es triste que haya que montar estos números para elegir la educación de un hijo», concluyó.

De ahí que la administración educativa y los colegios -se entiende que lo han hecho por indicaciones de Educación- hayan actuado con más mano dura este año porque el intento de fraude en las solicitudes escolares «no es algo anecdótico. Muchas de las reclamaciones que se hacen al Defensor del Pueblo son sobre el proceso de escolarización y la libre elección de centro», continuó el abogado. Fernández es partidario de que se sancione a los que mienten en los impresos oficiales: «Son personas que podrían estar cometiendo un delito de falsedad documental».