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El juez Baltasar Garzón había recurrido el auto. :: ARCHIVO
ESPAÑA

El Supremo no ve «ni ilógico ni arbitrario» juzgar a Baltasar Garzón

La Sala de lo Penal respalda sin fisuras la instrucción del magistrado Luciano Varela por investigar los crímenes del fraquismo

MATEO BALÍN
MADRID.Actualizado:

El Tribunal Supremo respaldó hoy sin fisuras la decisión del magistrado Luciano Varela de llevar a juicio a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo. La Sala de lo Penal consideró que el procesamiento del juez de la Audiencia Nacional por presunta prevaricación no fue «ni ilógico ni arbitrario», por lo que avala punto por punto todas las resoluciones adoptadas por Varela en la causa. El alto tribunal rechaza así el recurso planteado por Garzón contra su enjuiciamiento, que ha provocado la suspensión temporal de sus funciones hasta que no haya una sentencia firme.

La decisión de la sala era la esperada, a la vista del criterio que había adoptado durante todo el proceso. Los cinco magistrados que componen el tribunal: Juan Saavedra, Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo, son los mismos que admitieron, en mayo de 2009, la querella del pseudosindicato Manos Limpias contra Garzón por iniciar un proceso penal para la investigación y exhumación de las fosas del franquismo sin tener competencia para ello.

Se trata de la misma sala que ha apoyado la presencia de las acusaciones populares y que ha defendido sus escritos de acusación pese al «amparo intelectual» de Luciano Varela, según denunció la defensa del juez. Todos ello sin el respaldo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que no ve indicios de delito en la actuación de Garzón y que ha pedido que sea absuelto en el juicio.

Los magistrados avalan a su vez la decisión de Varela de rechazar las pruebas solicitadas por Garzón en su defensa, como la propuesta de testigos que justificarían su investigación de los crímenes del franquismo. El juez había pedido llamar a declarar, entre otros, a jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al fiscal jefe de este tribunal o a juristas de reconocido prestigio internacional que han investigado crímenes contra la humanidad en Argentina o Chile, entre otros lugares.

Rechazo

Para el Supremo, sus testimonios carecen de validez porque solo podrían expresar «opiniones personales valorativas» y, además, no es el momento procesal oportuno, ya que en todo caso se deberían presentar en la vista oral. Por todo ello, el alto tribunal «no aprecia ni infracción legal por vulneración de precepto ni arbitrariedad en su aplicación ni irracionabilidad en su razonamiento». Asimismo, aseguran que el criterio de Varela «no es ilógico ni arbitrario», ya que era a él a quien competía, según la ley, «determinar qué diligencias son necesarias e imprescindibles» en el curso de la investigación.

Técnicamente, este auto supone el comienzo de los trámites de preparación del juicio oral, que se podría celebrar antes de que finalice el año, según fuentes del alto tribunal. No obstante, antes habría que resolver dos asuntos: el recurso ante la Sala de lo Penal de Falange Española de las JONS, que fue sacada del proceso por el juez Varela al presentar su escrito de acusación fuera de tiempo, y la admisión o denegación de las pruebas presentadas por las partes.

La resolución del Supremo fue duramente criticada por Izquierda Unida. El diputado de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, y el secretario general de ICV en la Cámara Baja, Joan Herrera, calificaron de «vergonzosa» la decisión de juzgar a un juez «justo», al que quieren «amordazar» por investigar los crímenes del franquismo. Denunciaron que el alto tribunal está bajo manos de los sectores «ultraconservadores», a los que se han sumado magistrados que no quieren conocer la verdad ni reparar a las víctimas del «terrorismo franquista».

Los diputados recordaron que es paradigmático que en Argentina se esté investigando los crímenes franquistas mientras que en España se está pretendiendo «amordazar» a un juez por ello. «Es una vergüenza que en Argentina nos dan lecciones y en España, una democracia consolidada, se juzgue a un juez justo», afirmaron.