La lista de espera del maltrato

Cuando una mujer es víctima de una situación de maltrato por parte de su marido, su pareja o su novio y decide denunciar, se abre ante sus ojos una oportunidad para liberarse del yugo de la sumisión y una ventana hacia una nueva vida.

Pero los profesionales que las atienden en esa nueva etapa reconocen que el camino que tendrán que recorrer esas mujeres no está cubierto de rosas, sino de espinos: de huidas, de medidas de protección no siempre eficaces y regímenes de internamiento que las obligan a esconderse durante años de sus verdugos. Por si fuera poco, algunas mujeres se ven condenadas a también a sufrir las penosas listas de espera y a aguardar hasta seis meses para que los profesionales analicen sus casos, la situación en la que vivieron y el estado psicológico en que se encuentran.

Lo denunciaba en su última memoria de 2009 la fiscal delegada en Cádiz de Violencia de Género, Lorena Montero, en la que se quejaba de la saturación a la que se enfrenta en la provincia la Unidad de Valoración Integral de Vigilancia de Género (UVIVG), un departamento creado en 2005 con la Ley de Protección Integral de la Mujer, que sirve para determinar si una mujer ha sido víctima de un maltrato más allá de los signos físicos de una posible paliza: a través de análisis psicológicos y sociales, elaborados por un equipo multidisciplinar, cuyos informes sirven de prueba pericial ante los jueces. De ellos depende que un maltratador sea o no condenado.

El principal problema al que se enfrentan es que sólo existe una sola UVIVG en la provincia, que debe dar cobertura a todos los asuntos que se les presentan tanto de la Bahía de Cádiz, como del Campo de Gibraltar o la Sierra. De esta forma, si alguno de sus profesionales sufre algún tipo de problema, el colapso se agudiza.

Sin ir más lejos, el plazo de las citas del médico forense oscila entre los 60 y los 70 días. En el caso de la psicóloga -de baja por embarazo y permiso maternal- las últimas citas que se solicitaron en agosto se pospusieron, al menos, hasta el mes de enero de 2011, con seis meses de retraso.

Bien es cierto que las lesiones físicas de las víctimas siempre son reconocidas de urgencia, en el momento en que las mujeres denuncian, por los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal (en 2009 se realizaron 665 reconocimientos). Y que muchos de los casos de violencia machista ni siquiera llegan a la UVIVG, ya que los maltratadores son juzgados en juicios rápidos, en los que suelen reconocer los hechos. La unidad interviene, en cambio, por petición de la Fiscalía o de un juez, cuando un caso se enquista y requiere pruebas periciales de los golpes físicos, pero también de las lesiones psicológicas y el maltrato social al que ha sido sometida la mujer, el principal asunto que analiza la UVIVG. Estas 'heridas' resultan imposibles de detectar en una simple exploración, y aunque no desaparecen como los moratones, el cúmulo de trabajo -a tres citas cada tres días- hace que a veces las mujeres sólo puedan pasar una vez a ser entrevistadas. Y en ocasiones, el retraso provoca que muchas ni siquiera acudan a ellas.

El año pasado, la trabajadora social de la unidad concertó 236 citas a mujeres para analizar su situación económica y social, o el de sus hijos. Sin embargo, el porcentaje de las que finalmente fueron atendidas fue mínimo: sólo 92 acudieron a la cita. El porcentaje es tan alto como el de las víctimas de maltrato que, tras presentar la denuncia, se echan atrás y deciden retirarla, bien por coacciones del agresor o porque la sumisión es tal que acaban arrepintiéndose. Otras, además, renuncian a la prueba pericial cuando saben que de ella puede depender la condena de su supuesto agresor.

Falta de coordinación

«Algunas mujeres no saben siquiera a lo que van», explican profesionales cercanos al servicio, que lamentan no sólo la precariedad de los medios de la UVIVG, sino también la escasa coordinación de la unidad con otros organismos de atención a las mujeres maltratadas, como el Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA) y el Instituto Andaluz de la Mujer (a pesar de que los tres dependen de la Junta de Andalucía), y con los servicios sociales de los ayuntamientos, que ofrecen a las mujeres la atención que precisan una vez han puesto la denuncia y, por tanto, conocen a fondo sus casos.

Todo esto sin olvidar que, al retraso que pueda sufrir la UVIVG, se une el que padecen los juzgados de lo Penal que atienden este tipo de agresiones. De esta manera, según fuentes cercanas a este servicio, algunos casos de maltrato llegan a la Unidad de Valoración dos años después de producirse la denuncia. A veces, cuando las víctimas han comenzado a rehacer su vida y se ven sometidas a reabrir sus heridas.