Negociación partidista

El presidente Rodríguez Zapatero confirmó, al inicio de su viaje a China y Japón, que el PNV es el grupo parlamentario con el que tratará de sacar adelante los Presupuestos. Los nacionalistas vascos fueron también los interlocutores preferentes del Gobierno en la tramitación de las Cuentas de este año a cambio del 'blindaje' del Concierto económico. La diferencia estriba en que en esta ocasión el partido de Urkullu busca la máxima notoriedad en su particular representación de los intereses vascos gracias a que Zapatero se juega la continuidad de la legislatura en la votación presupuestaria. De entrada resulta preocupante que el cuadro de gastos e inversiones públicas que deba situar a España en el camino de la recuperación sea fijado mediante un acuerdo de naturaleza eminentemente política y partidaria entre el Gobierno y el PNV. No porque tal supuesto sea ilegítimo o anómalo desde el punto de vista democrático. Sencillamente, porque el curso de las negociaciones entre ambos interlocutores corre el riesgo de desviarse demasiado en relación a las respuestas que la sociedad y la economía española necesitan encontrar en los Presupuestos. Por de pronto el sigilo de las conversaciones entre los responsables económicos del Ejecutivo y los dirigentes del partido nacionalista está acallando el debate de ideas sobre la cuestión, gracias también al hecho insólito de que los restantes grupos parlamentarios ya han adelantado su posición contraria al proyecto que el Gobierno presente a las Cortes a finales de este mes. La pretensión del PNV de aprovechar la ocasión para pactar la transferencia de competencias contenidas en el Estatuto de Gernika, su expresa intención de ningunear al Gobierno de Patxi López y su propósito de poner límites al alcance del pacto entre socialistas y populares en el País Vasco convierten su negociación con el Gobierno en un pulso cuyo único objetivo es mantener el dominio que los nacionalistas ejercen actualmente en diputaciones y ayuntamientos para procurarse la presidencia del Ejecutivo autonómico dentro de dos años y medio. Dicho con otras palabras, Zapatero se dispone a acordar la continuidad de su mandato poniendo en cuestión que el proyecto de 'cambio político' suscrito por el PSE-EE y el PP vasco tras las autonómicas de marzo de 2009 vaya más allá de donde ha llegado.