Contundencia inadmisible

La brutal represión padecida por un grupo de catorce activistas españoles que trataban de manifestarse a favor de la independencia del Sahara en El Aaiun ha devuelto a la actualidad uno de los contenciosos que afectan a las relaciones entre España y Marruecos tan solo una semana después de que, tras la entrevista entre el ministro Rubalcaba y Mohamed VI, el Gobierno español anunciara el final del conflicto. La agenda que consigna los asuntos en los que chocan los intereses de dos países obliga tanto a una gestión global de los mismos como a un tratamiento diferenciado de los temas potencialmente conflictivos y de cada posible litigio. En el caso de las relaciones de España con Marruecos no puede decirse que exista una 'posición de Estado' que comprometa explícitamente al conjunto del arco parlamentario o, cuando menos, a las dos formaciones llamadas a sucederse al frente del Gobierno, PSOE y PP. Es lo que ocurre con la postura que el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero tiende a mantener respecto al problema del Sahara Occidental, de una ambigüedad proclive a la solución que formalmente ofrece Rabat de un estatus de autonomía que consagre la soberanía marroquí sobre el citado territorio. Solución cuya mera formulación trata de reafirmar desde un principio que el problema constituye una cuestión interna de Marruecos. Diversos sectores de la política y de la sociedad española sintonizan, por el contrario, con las tesis del Frente Polisario, a las que se adhieren normalmente a distancia. La presencia de un grupo de ciudadanos de nuestro país protagonizando una manifestación en la capital de lo que fue hasta 1975 el territorio saharaui de dominio español obedece en buena medida a la inexistencia de un debate propiamente dicho sobre nuestra 'política de Estado' al respecto, ni una línea de exigencia constante al Gobierno de Madrid para que vele por los derechos civiles de los saharauis en sus relaciones con Rabat. El hecho de que no se hubiese solicitado autorización para la citada manifestación justificaría su disolución por parte de las autoridades marroquíes. Pero la fuerza empleada para ello -cuya identidad ni siquiera parece clara- guarda tan poca relación con la naturaleza de la concentración reivindicativa que no puede ser admitida en un país 'asociado' con las instituciones de la UE.