La guerra de Afganistán

El asesinato de tres españoles el pasado miércoles en la base de Quala-i-Naw ha reabierto en España el debate sobre nuestra presencia en Afganistán, con más de 1.500 militares, en el marco de una operación internacional bajo bandera OTAN. La premeditación del atentado, que fue seguido de una protesta orquestada de la población civil aledaña, añade gravedad al hecho, puesto que demuestra que nuestras tropas se desenvuelven realmente en territorio hostil, a pesar de que la cooperación española haya contribuido, mediante numerosos proyectos humanitarios, a facilitar la relación entre los autóctonos y la fuerza española. Tras este trágico episodio, el Partido Popular ha exigido que se ponga fecha a un debate sobre la misión española en Afganistán, ya aceptado por el Gobierno hace seis meses y pospuesto en dos ocasiones. Dado que el Parlamento entrará a fondo en el debate presupuestario en octubre, el PP planteará en la próxima junta de portavoces que ese debate se produzca en septiembre, y, en todo caso, antes de la cumbre de la OTAN que se celebrará a mediados de noviembre -con presencia de Obama- y a la que España deberá llevar ya la posición que se adopte en el Parlamento. A primera vista, el disenso entre los principales partidos es más terminológico que de fondo. Tanto el PP como CiU reprochan con cierta razón al Gobierno, y a la ministra Chacón en primer término, que se intente disimular la participación española en una guerra abierta bajo la apariencia de una misión humanitaria. La formación de Rajoy es en todo caso partidaria de mantener la presencia, en tanto CiU tiene dudas, a la vista de que ya se ha anunciado el comienzo de la retirada de las tropas norteamericanas a mediados de 2011. IU también exige el debate, en el que pedirá la retirada de las tropas, pero desea que primero comparezcan los ministros de Defensa e Interior para explicar el atentado. La oportunidad del debate es innegable, y de él debería resultar una posición consensuada, vinculada a lo que se decida en el seno de la comunidad internacional. Y en el plano castrense, debería quedar claro que las medidas de autodefensa de nuestras tropas son las propias de una confrontación bélica y no las que, con otra perspectiva, adoptaría cualquier ONG.