Sin reproches

Las declaraciones de la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, en las que solicita la comparecencia de la vicepresidenta De la Vega ante la Comisión Constitucional -y en su caso ante la de Gastos Reservados del Congreso- para que informe sobre las circunstancias que han rodeado la liberación de los cooperantes catalanes, cumplimentan el papel que corresponde al primer partido de la oposición. Pero la dificultad de fijar una política de Estado en materia tan sensible, ante situaciones que pudieran darse en el futuro y que sin duda resultarían tan diversas como comprometidas, aconseja que el PP piense sobre todo en qué haría si se encontrara al frente del Gobierno. El Ejecutivo de Zapatero está obligado a brindar la información que se le requiere desde los grupos parlamentarios. Pero ninguna institución o persona que trate de salvar la vida de un semejante sometida a un riesgo cierto puede ser acusada de financiar el mal. A no ser que haya indicios de connivencia consciente o involuntaria con la trama terrorista del Sahel africano, el esfuerzo de las formaciones parlamentarias ha de orientarse a la prevención de toda situación de riesgo y, por supuesto, al combate de la amenaza que suponen las distintas franquicias de Al-Qaida.