La Justicia sueca investigará por acoso a Julian Assange
La Fiscalía abre una investigación preliminar al tiempo que cierra el caso que pesaba en contra del fundador de Wikileaks por violación
Actualizado:La Justicia sueca anunció ayer una noticia buena y otra mala para Julian Assange, el controvertido fundador de Wikileaks: archivo, por una parte, el caso abierto en su contra por violación y ordenó, por otra, investigarle como sospechoso de acoso. La fiscal general del país escandinavo, Eva Finné, cree que el activista pudo comentar 'ofrendade', un delito de «acercamiento indebido» tipificado en la legislación nacional.
En virtud de esa disposición, basta con importunar o mostrarse desconsiderado con otra persona para ser juzgado y condenado a un año de prisión, si bien es habitual resarcir al denunciante con una mult. Finné considera, sin embargo, que no existe ningún indicio de que Assange se haya sobrepasado sexualmente con las dos mujeres que le denunciaron el viernes.
Aquel día la fiscal de guardio Maria Häljebo emitió una orden de arresto contra el activista de origen australiano después de que las féminas presentaran sendas denuncias contra él, una por violación y otra por acoso. Finné ordenó el sábado revocar la primera tras no hallar ningún indicio de violación.
El abogado de ambas, Claes Borgström, censuró con dureza la decisión del Ministerio Público y anunció un recurso contra la decisión del fiscal. Numerosos juristas suecos han respaldado al letrado, sorprendidos por la revocación de la orden sin más explicaciones.
Las denunciantes aseguran que los hechos se produjeron hace más de una semana, cuando Assange visitaba Suecia para impartir una serie de conferencias. Entre sus anfitriones se encontraba el Partido Pirata, que aprovechó la presencia del australiano para anunciar su disposición a alojar los servidores de Wikileaks. Si la formación consiguiera representación parlamentaria en los comicios legislativos de septiembre, el portal gozaría de inmunidad diplomática.
Publicación de informes
Julian Assange goza de una suerte de patente de corso de cara a la opinión pública. No en vano, antes del estallido del caso se curó en salud arguyendo que podría ser víctima de una campaña de desprestigio en venganza por la publicación de 76.000 documentos confidenciales sobre la guerra de Afganistán. Ahora las dudas planearán sobre culaquier acusación en su contra.
Wikileaks permite filtrar desde el anonimato documentos secretos de multinacionales y gobiernos. A finales de julio, el portal colgó en la red la mayor parte de los informes que le hizo llegar un soldado norteamericano hoy detenido. La Casa Blanca rogó a Assange que no hiciera públicos otros 15.000 que, de ver la luz, comprometerían la integridad de las tropas y civiles afganos.
Tras varios días de negociaciones con el Pentágono, el sitio anunció ayer que tenía previsto filtrar sin más demora los archivos restantes. El activista anunció que tiene el «deber moral» de hacerlos públicos en honor a los muertos víctimas de fuego estadounidense. Contienen, sin embargo, centenares de nombres de aliados locales de las tropas internacionales. Tras su filtración, los talibanes anunciaron que estudiaban los informes para «castigar a los traidores».