El PP rechaza el pago de rescates porque «alienta» a los terroristas

El PP rechaza el posible pago de un rescate y de otras contraprestaciones por parte del Gobierno español a Al-Qaida en el Magreb Islámico para lograr la libertad de Roque Pascual, Albert Vilalta y Alicia Gámez, los tres cooperantes catalanes secuestrados hace casi nueve meses en Mauritania cuando formaban parte de una caravana de ayuda humanitaria, rapto que terminó el domingo con la liberación de los dos varones.

La dirección popular prefirió no desvelar ayer su valoración final sobre el desenlace del secuestro hasta que el Gobierno dé la versión oficial en sede parlamentaria, pero el portavoz en Política Internacional, Gustavo de Arístegui, habló con toda claridad sobre este asunto en Onda Cero.

Arístegui, preguntado por el posible pago de un rescate por parte del Gobierno, aseguró que «es un error grave negociar con terroristas», porque es «un aliento a la industria del crimen y a la del secuestro» . El diputado del PP indicó que estas gestiones han permitido liberar a los tres miembros de la ONG Barcelona Acció Solidaria, pero al tiempo se preguntó: «¿Cuántas personas van a ser secuestradas por estos terroristas?».

El PP, que prefiere guardar la artillería política hasta escuchar al Gobierno, reclamó a través de su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, la comparecencia inmediata en el Congreso de la vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, para que informe de «las circunstancias» de la liberación en Mali de los dos cooperantes. Pidió que la comparecencia inicial se produzca en la Comisión Constitucional y que pueda continuar, si así lo cree necesario el Gobierno o la oposición, en la de Gastos Reservados, que tiene un carácter secreto.

Sáenz de Santamaría avanzó que ya ha llegado el momento de las críticas políticas cuando recordó que el PP había mantenido silencio y una «colaboración leal» con el Ejecutivo durante los nueve meses que duró el cautiverio, pero que ahora que los cooperantes «ya están en casa» es el «momento idóneo» para recibir todas las explicaciones sobre el caso.

La portavoz popular, que ya protagonizó duros enfrentamientos parlamentarios con De la Vega en el Congreso por el posible pago de un rescate a los piratas somalíes para la liberación de los tripulantes del pesquero español 'Alakrana', prefirió ayer no adelantar valoraciones. Señaló que no se pronunciará sobre las negociaciones o sobre el posible pago de compensaciones a Al-Qaida hasta oír al Gobierno, para hacerlo «con pleno conocimiento de causa». Añadió, además, que la intención de su grupo es también que el Parlamento acuerde medidas para que no puedan volver a producirse situaciones como las que han tenido que vivir los cooperantes catalanes.

La portavoz opositora indicó que por el momento las únicas noticias que tiene sobre las circunstancias de la liberación son las que han difundido los propios secuestradores y los medios de comunicación.

«España no paga rescates»

Fuentes conocedoras de las negociaciones de este rapto indicaron que España habría podido pagar unos 7,6 millones de euros por la liberación de los tres nacionales, así como lograr que Mauritania entregase a Mali al mercenario que ejecutó el secuestro a sueldo de Al-Qaida, 'Omar Saharaui', tal como exigieron los captores y pese a que un tribunal de Nuachkott había juzgado y condenado al delincuente a 12 años de prisión.

La versión oficial que ofrecerá el Ejecutivo en el Congreso sobre la resolución de este secuentro es difícil de adelantar. Hay que tener en cuenta que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, aseguró en diciembre pasado sobre el mismo caso, en una rueda de prensa en el palacio de la Moncloa y ante su homólogo argelino, que «el Gobierno de España no paga rescates» y que esa es «una posición clara y firme» para los casos de secuestro.

De hecho, el Ejecutivo siempre ha negado que en 2008 y 2009 abonase unos 4,5 millones y medio de euros a los piratas somalíes para poder concluir con éxito el rescate de los tripulantes del 'Alakrana' y del 'Playa de Bakio', los dos atuneros vascos secuestrados en aguas del Océano Índico.

El Gobierno nunca se ha separado ni un milímetro de esa versión, ni en el Congreso ni en las declaraciones de funcionarios públicos en la Audiencia Nacional, pese a que todas las pistas conocidas sobre ambos secuestros apuntaron a que los pagos multimillonarios a los piratas fueron realizados por miembros de los servicios de espionaje estatal, posiblemente por agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).