El CSIF denuncia a la Diputación por atrasos en extras y complementos

El sindicato CSIF anunció ayer su decisión de denunciar ante la Inspección de Trabajo a la Diputación por el impago de parte de las pagas extras y algunos complementos. La noticia cayó por sorpresa y como un jarro de agua fría. Según explicaron vía comunicado, los trabajadores «llevan «desde 2009 sin percibir parte de las extras y otros atrasos como las ayudas al estudio y guardería».

Los responsable de CSIF aseguraron que han decidido presentar la denuncia tras comprobar que «no han surtido efecto» las reclamaciones que dicen haber realizado a través de correos electrónicos y escritos presentados por registro.

«Si la Inspección de Trabajo actúa contra empresas en cuanto se atrasan un solo día en el pago de sus nóminas, ¿por qué no investiga a la Diputación?», se preguntó la sección sindical de CSIF.

Para el sindicato resulta «ridículo y lamentable» que el responsable de Recursos Humanos de la institución «enviara hace un mes un correo electrónico masivo a los trabajadores en el que les decía que las cuentas están perfectamente saneadas, cuando llevan meses sin que se paguen los mencionados atrasos».

Cobran menos que antes

Según CSIF, ocurre lo mismo con la subida del sueldo pactada en el convenio, que «no se aplica desde el mes de enero». De esta manera, de los aproximadamente 1.800 trabajadores -entre funcionarios y laborales-, «la gran mayoría está cobrando este año menos de lo que ganaba el pasado, y eso sin contar con la reducción del sueldo gracias el tijeretazo del Gobierno de Zapatero», apostillaron las fuentes.

Ante todo esto, CSIF criticó que el presidente de la Diputación, Francisco González Cabaña, anunciara públicamente en el mes de marzo que no se reducirían las inversiones en cultura y otras áreas, por entender que éstas no deben pagar lo platos rotos de la crisis. Sin embargo, continúa el escrito, «lo que no puede consentir es que sean los trabajadores los que paguen dichos platos rotos».

Ante esta acusación directa, los responsables políticos de la institución provincial optaron por no hacer declaraciones. Dijeron rechazar el comunicado, pero insistieron en que «una vez puesto en manos de la Inspección de Trabajo, se esperará a que las autoridades actúen antes de que ningún responsable político se pronuncie».