Sarkozy desoye las críticas y comienza a deportar gitanos

El Gobierno francés está cumpliendo a rajatabla las órdenes del presidente, Nicolas Sarkozy, de desmantelar los campamentos ilegales de gitanos y, pese a las crecientes críticas desde dentro y fuera de Francia, ha comenzado a deportarlos.

Los primeros 70 gitanos rumanos deportados por Francia han llegado ya a Bucarest a bordo de dos vuelos comerciales procedentes de París y Lyon, según ha confirmado la Policía de Frontera rumana. En un primer vuelo, procedente de París, llegaron nueve personas, en el segundo fueron 61 expulsados, en total 23 menos de lo esperado inicialmente, ya que algunos deportados voluntarios no se presentaron en los aeropuertos de Francia.

Entre los primeros expulsados de París había seis jóvenes de unos 20 años de edad que han asegurado a la prensa que estaban en Francia desde hacía varios meses. Según la agencia de noticias Mediafax, estos jóvenes han explicado que volvieron de forma voluntaria, tras recibir dinero para regresar a su país. Otros han negado que fueran emigrantes gitanos y han dicho que sólo "estaban de vacaciones en Francia".

El Ministerio de Exteriores rumano ha informado de que mañana se sumarán otros 132 gitanos rumanos, que llegarán en un vuelo procedente de París a Timisoarar, mientras que otros 160 llegarán el 26 de agosto a Bucarest. Hay otros dos vuelos previstos ya para septiembre en los que llegarán 16 personas, el día dos, y otras once, el 16. Se pretende llegar, por lo menos, a la cifra de 700 personas deportadas, tal y como anunció el ministro del Interior, Brice Hortefeux. Es él quien dirige la ofensiva contra el colectivo 'romaní', como se llama en Francia a los gitanos de Europa del Este, que el pasado 28 de julio lanzó el propio Sarkozy cuando anunció el desmantelamiento de la mitad de los campamentos ilegales de gitanos contabilizados en el país en un plazo de tres meses.

Más de 50 instalaciones desalojadas

No ha pasado ni un mes y ya se han desalojado más de 50 instalaciones de este tipo, con sus respectivos integrantes. Ahora llega el momento de la deportación o el "retorno voluntario", como precisa el ministro de Inmigración Eric Besson, en declaraciones recogidas por el diario Le Parisien, en las que subraya que no puede hablarse de expulsiones. El periódico cita una fuente oficial según la cual "hay regularmente vuelos como estos", con extranjeros que se inscriben en el programa de ayudas al retorno.

Según el Gobierno, son deportaciones "voluntarias" de inmigrantes que aceptan irse, a cambio de un billete de avión y 300 euros por adulto o 100 euros por niño, y que, en muchos casos, acaban volviendo a Francia. Lo que no van a poder hacer a partir de septiembre es falsear su identidad para percibir dos veces esas ayudas porque el Gobierno ha decidido reforzar el control del fichero que ha creado para registrar a los beneficiaros e incluir en el mismo, además de los datos personales, sus huellas dactilares.

Medidas contra la inmigración irregular

Solo en el año 2009, según las cifras facilitadas por las autoridades francesas, unos 10.000 rumanos y búlgaros se acogieron a esas ayudas y regresaron a sus países. "Francia no la está tomando con los gitanos", como dijo el ministro Besson, pero sí parece haberla tomado con la inmigración irregular, a juzgar por el goteo de medidas que en los últimos días se han anunciado para combatir ese fenómeno.

Además de deportar a los gitanos, se han planteado otras iniciativas polémicas como la retirada de la nacionalidad francesa a los delincuentes de origen extranjero que hayan atentado contra una autoridad pública, la condena de los padres de jóvenes que hayan cometido delitos o la imposición de multas a los alcaldes que no cumplan en materia de seguridad.

Son propuestas que han suscitado una oleada de críticas, no solo entre la sociedad civil o los partidos de izquierda, que hablan de "racismo" y "xenofobia", sino también entre las filas de la mayoría de derechas y, cada vez más, en el exterior. A las voces de alarma se ha sumado también el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU al denunciar a Francia por vincular inmigración con inseguridad, y también los Gobiernos de Rumanía y Bulgaria han dejado patente su malestar por la política de Francia con respecto a sus nacionales.