Justicia aeronáutica

A punto de cumplirse dos años de la catástrofe aérea del vuelo de Spanair JK5022 que costó la vida a 154 pasajeros y graves heridas a otros 16, el derrotero de las actuaciones judiciales para esclarecer las eventuales responsabilidades penales continúa avanzando con desesperante lentitud. La información que publica hoy este periódico desvela que un aspecto clave de la investigación necesaria para conocer el origen de los fallos que precipitaron la caída del MD-82 se encuentra atascada por falta de medios. Diez meses después de que el juez autorizase a la comisión especial para desmontar el dispositivo electrónico que detecta la temperatura de componentes esenciales de la aeronave, los peritos no han recibido el material adecuado para desempeñar el cometido. Es cierto que la delicada disección del relé que pudo haber desconfigurado el avión y causar la tragedia requiere de tecnología de precisión, pero no debería ser un obstáculo cuando se trata de desentrañar las causas de la mayor tragedia aérea en España de los últimos 20 años. Este tropiezo de la investigación se produce cuando son apremiantes una rápida culminación del sumario y la apertura de juicio, si procede, para despejar cuanto antes la incertidumbre de los familiares de las víctimas y determinar la responsabilidad de los dos imputados por presunto homicidio involuntario de 154 personas. La precisión a la hora de decidir si el fallo de los alerones y la ausencia del aviso preceptivo en la cabina puede ser clave en la suerte de los técnicos y las responsabilidades del fabricante. Pero la premura también es necesaria para evitar que filtraciones de conversaciones de la caja negra como se produjeron hace meses puedan alterar la necesaria tutela judicial de los imputados. Sin olvidar el imprevisible efecto en el proceso judicial de la exhibición en televisión de un docu-drama sobre la tragedia que ya ha provocado un agudo descontento en la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022. Los testimonios aportados ya y los miles de folios elaborados por los especialistas sobre las circunstancias del accidente parecen suficientes, a falta de este peritaje pendiente, para abordar la fase definitiva de la instrucción judicial. Otro confuso retraso por causas técnicas no sería admisible en una justicia del siglo XXI.