Zapatero aplaza la reunión con las grandes constructoras en la que iba a dar explicaciones sobre el parón en obra pública

No habrá reunión esta semana entre el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los responsables de las grandes constructoras. La cita se ha aplazado sine die sólo horas después de que trascendiera que el jefe del Ejecutivo iba a recibir el próximo miércoles en el Palacio de la Moncloa a los presidentes de Acciona, ACS, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr para abordar los recortes de obra pública. hace algo más de una semana ocurrió lo mismo con el encuentro entre Zapatero y el secretario general de los socialistas de Madrid. Cuando las cámaras esperaban la llegada de Tomás Gómez para captar su imagen entrando en el Palacio de la Moncloa, el Gobierno, molesto por la filtración de la reunión, anunció que se había suspendido la cita. Finalmente tuvo lugar un día después.

Los máximos responsables de las compañías habían confirmado su presencia en el encuentro, en el que también iba a estar el ministro de Fomento, José Blanco. Según habían adelantado, acudían con el ánimo de analizar y proponer posibles fórmulas para minimizar el impacto que puede tener en su balance el ajuste inversor en infraestructuras. Estaban citados el presidente de ACS, Florentino Pérez; el de Acciona, José Manuel Entrecanales; el de Ferrovial, Rafael del Pino; el de FCC, Baldomero Falcones, y el presidente de Sacyr, Luis del Rivero. Quedaba en el aire si el presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, podría acudir. Todos ellos han expresado su "total disposición" a reunirse con Zapatero el día que se les proponga desde el Palacio de la Moncloa, que ha alegado motivos de agenda para cancelar el encuentro.

Fuentes empresariales habían indicado que las compañías tenían previsto solicitar al presidente del Ejecutivo que se introduzcan criterios de flexibilidad en el recorte inversor de 6.400 millones dictado por Fomento, porque estiman que las suspensiones de proyectos provocarán un "daño tremendo" al sector, dejándole inerme ante una medida de este calado en un contexto de crisis económica y dificultad de acceso al mercado crediticio. También iban a proponer que se busquen fórmulas específicas por proyectos, así como la ralentización de los que tengan menor efecto dinamizador de la economía, permitiendo a la vez a las empresas constructoras laminar los pagos. Además querían pedir que se dé una solución a las autovías de primera generación.

Las dificultades del sector

Las empresas querían aprovechar el encuentro para exponer a Zapatero las dificultades que acarreará a sus filiales de servicios urbanos el decreto que impide a los ayuntamientos endeudarse en 2011. A este respecto, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha remitido una carta al Ministerio de Economía solicitando que se permita endeudarse a los entes locales el proximo ejercicio y que el ICO ponga cuanto antes en marcha una línea de crédito de 3.000 millones que les permitiría atender servicios básicos.

El encuentro ahora suspendido entre el presidente del Gobierno y las empresas se iba a celebrar una semana después de que Zapatero anunciase que el Gobierno se plantea retomar una serie de proyectos de infraestructuras si los Presupuestos de 2011 dejan margen para ello, lo que permitiría "aliviar" la situación tanto de comunidades autónomas como de empresas constructoras. Al día siguiente, la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, limitó el alcance de la medida y aseguró que no tendría impacto en el objetivo de reducir el déficit público al 6% en 2011, mientras que desde Fomento se cuantificó en unos 500 millones de euros el monto inversor a recuperar, argumentando que el ajuste había sido "excesivo".

Las constructoras ya solicitaron a finales de julio al Gobierno un plan para ordenar y ayudar al sector en la "importante" reestructuración a la que se verá abocado ante el recorte de inversión en obra pública de 6.400 millones de euros anunciado por el Ministerio de Fomento. En concreto, las patronales del ramo pidieron también ayudas fiscales o crediticias a través del ICO, para que las empresas afronten las tensiones de liquidez y los problemas de solvencia que puede provocar en el corto plazo la suspensión y aplazamiento de contratos por parte del departamento que dirige José Blanco.

Además, reclamaron al Gobierno que optimice los recursos para obras públicas, recortando de otras partidas de gastos y buscando otros "yacimientos" de ingresos (privatizaciones, el pago por el uso de las vías, mayor recaudación por el impuesto de carburantes o al tabaco, el eventual copago sanitario) y la inmediata puesta en marcha del Plan Extraordinario de Infraestructuras en colaboración con capital privado.