EL PP IMPONE PEAJE PARA LAS MUNICIPALES EN LA LÍNEA

El amago de imponer un peaje en La Línea para los vehículos que crucen a Gibraltar no es un brindis al sol por parte de un alcalde mediocre, el conservador Alejandro Sánchez que sustituyó en el cargo al saqueador Juan Carlos Juárez, aquel gilista que desembarcó en el PP. Se trata de una formidable maniobra de distracción de cara a las próximas elecciones municipales. Ocurra lo que ocurra, saca partido del populismo y de la postración de una ciudad que lleva décadas intentado levantar cabeza desde el cierre de la Verja en 1969.

La ciudadanía debidamente entrenada para echarle la culpa a los yanitos de los males locales, desconoce que su proyecto es prácticamente inviable en la Unión Europea, incluso en lo relativo a un territorio como el del Peñón, que bajo tutela británica permanece ajeno a la Europa de Schengen. Como ya reseñábamos hace un mes, cuando empezó a asomar sus orejas esta serpiente de verano, una frontera con peaje llegaría a vulnerar la Declaración Universal de Derechos Humanos firmada por España. Sólo en algunas fronteras comunitarias, como la que existe entre la recién llegada Eslovenia y Austria, existe peaje en algunos tramos para vencer accidentes naturales, como el del túnel Karavanke que media entre ambos países. ¿Qué accidente topográfico, salvo el de las depauperadas arcas de un consistorio malbaratado por sus gestores, puede alegarse en el caso de La Línea?

El alcalde linense, que cuenta con competencias estrictamente locales, no sólo parece dispuesto a ignorar la jurisdicción local del Ministerio de Fomento para aplicar esta extraña tasa para la descongestión del tráfico, sino que desbarata de un plumazo el espíritu del Foro Tripartito establecido entre los Gobiernos de España, Reino Unido y Gibraltar, del que no forman parte los ayuntamientos de la zona. Es en ese escenario donde se discute habitualmente toda cuestión que tenga que ver con los asuntos domésticos. Y este no cabe duda que lo es.

¿Imaginan que todas las ciudades fronterizas de España y de fuera de España restablecieran el vetusto derecho de pontazgo que pretende instaurar este individuo?

Sánchez, en una agenda perfectamente orquestada y de la que a todas luces participa Javier Arenas, el líder andaluz del Partido Popular, le echa un órdago al Peñón y al Reino Unido pero sobre todo al Gobierno de Andalucía, que ha propuesto otras alternativas para la viabilidad local, y de España, sin duda perplejo ante esta 'alcaldada'. O sea que pone en jaque al PSOE, que es de lo que se trata, y saca un par de cuerpos de ventaja a una candidatura que, en su caso, carecía hasta ahora de brillo por una gestión siempre comparada a la baja con la de su predecesor, aquel Juárez que acabó inhabilitado en su cargo y al que todavía aguarda un rosario de juicios ante los tribunales.

A los socialistas, claro, todo esto les ha pillado con el paso cambiado. El competente diputado Salvador de la Encina, ha tirado de hemeroteca y recordado cuando el PP planteó la soberanía compartida con Gibraltar, hasta que los yanitos la rechazaron. Que reconozcan sus errores, pide inútilmente a los munícipes locales. Tanto él como los socialistas linenses no le hacen ascos a la posibilidad de «una solución dialogada, por una recuperación de la Carta Económica Especial, congelada por el Gobierno del PP en 2003, y por unas relaciones con Gibraltar que mejoren el comercio, el nivel de vida de nuestros trabajadores y de nuestra ciudad».

Porque lo paradójico de este asunto es que la ciudad cuenta ya con una Carta Económica de la que carecen muchos otros municipios y por la que recibe cada año, a través de la Participación de Ingresos del Estado (PIE), la notable aportación de tres millones y medio de euros más que otras poblaciones españolas con el mismo número de habitantes y que se cifra en quince millones y medio. Sanlúcar de Barrameda, por ejemplo, con un censo similar, esto es 65.000 habitantes, sólo recibe 12 millones de euros. Claro que desde que se congeló dicha aportación, en 2003 y bajo Gobierno conservador, la ciudad de La Línea habría perdido un importante bocado que algunos cifran en más de 25 millones de euros.

De nada servirán estos argumentos. Alejandro Sánchez, pase lo que pase con esta iniciativa que todavía no ha tenido registro de entrada ante ninguna ventanilla de la administración del Estado español, no arriesga un ápice. Todo lo contrario. De prosperar, le aplaudirá su electorado. Y de no ocurrir tal disparate, la culpa la tendría el PSOE. Así de fácil. Incluso podría argüir, y seguro que ocurrirá, es que los que discrepamos de dicha medida somos de Algeciras, su supuesta población rival que tampoco anda, por cierto, como para tirar cohetes. Por allí, cada año pasan, por cierto, cuatro millones de personas sin que hasta ahora cuente con un tratamiento especial, como su propio nombre indica.