Casi un millar de jerezanos encuentran piso a través de la agencia de Fomento de Alquiler
Actualizado:Desde que, a través de un convenio de colaboración con la Junta de Andalucía, firmado en 2007, la Empresa Municipal de Vivienda, EMUVIJESA se designara entidad colaboradora en el Programa del Fomento del Alquiler 377 contratos han sido firmados beneficiándose de los mismos 980 personas. En total 7.818 personas se han beneficiado de las distintas gestiones realizadas desde esta entidad.
En el primer semestre de 2010 se han realizado 22 contratos, mientras que en la anualidad correspondiente al 2009 fueron firmados un total de 75. En 2007, se efectuaron 64, siendo la anualidad correspondiente a 2008 cuando más se efectuaron, 163.
Por otro lado, se han realizado 655 inscripciones de inquilinos correspondientes a 743 viviendas. Los propietarios inscritos en esta Agencia han sido de 477, mientras que han recibido subvenciones de alquiler 1.058 registros.
En total en la Agencia de Fomento de Alquiler desde 2007 se ha realizado 2.514 actuaciones entre inscripciones de inquilinos, inscripciones de propietarios, contratos y subvención a inquilinos.
Para el delegado de Vivienda e Infraestructuras, Antonio Fernández esto supone que “un montante importante de gestiones realizadas desde este Agencia que ofrece la oportunidad de poner en contacto a propietarios de viviendas con inquilinos. Era un servicio que nuestra ciudad venía demandando y el Gobierno local lo ha puesto en marcha, en colaboración, una vez más con la Junta de Andalucía. Está claro que el trabajo entre administraciones siempre reporta beneficios para la ciudadanía”.
Los beneficiarios recibirán de las ayudas mencionadas serán aquellas personas que cumplen alguno de los requisitos que recoge la normativa: ser menor de 35 años o personas mayores de 65; familia numerosa o mono parental; personas procedentes de rupturas de unidades familiares; ser víctima de violencia de género o de terrorismo; ser emigrante retornado; personas con dependencia o que las haya en la unidad familiar; discapacitados reconocidos con al menos un 40 por ciento de grado de minusvalía o que se encuentren en situación o riesgo de exclusión social.