La crisis obliga a 15 familias a declararse en quiebra en lo que va de año

El modelo de suspensión de pagos, hasta no hace mucho reservado sólo a empresas y sociedades mercantiles, se extiende a otros ámbitos. Las familias, como núcleos económicos, también pueden declararse en quiebra y el hecho es que al menos 15 ya lo ha hecho en la provincia hasta el pasado mes de junio. El dato indica que los expedientes alcanzarán el mismo volumen que el año anterior si no se produce un repunte en la segunda mitad.

Y cabría esperarlo, ya que en fueron apenas cinco las que lo hicieron en el primer trimestre y el número se duplicó en el segundo, según los datos que facilitó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El número ascendió a 67 en toda Andalucía, donde también se registró un aumento considerable en los últimos tres meses.

La provincia es una de las que más abusa de este recurso. Se sitúa la segunda por detrás de Sevilla. Por lo general, las familias que recurren a esta vía no tienen unas características determinadas. Ni se trata de grandes acaudalados, ni gestionan empresas. Sólo es necesario contar con más de un acreedor para deudas inferiores a los diez millones de euros. Y lo más importante: que pueda demostrar la incapacidad para pagar.

Tal como están las cosas, los requisitos no son difíciles de cumplir. Sólo con perder el trabajo cuando existe la carga de una hipoteca y la letra de un coche es motivo de sobra.

En concurso

Por el contrario, las empresas gaditanas se resistieron más a acudir a un concurso de acreedores. De las 123 en toda Andalucía durante el segundo trimestre, apenas 17 son gaditanas. 37 formalizaron el proceso en Sevilla y 34 en Málaga. Cabe decir que la mayoría fueron voluntarios y por la vía abreviada.

Por sectores, de los 123 concursos declarados en empresas, 49 correspondieron a empresas de la construcción, tanto edificación como promoción inmobiliaria, seguidas del comercio, tanto al por mayor como al por menor y vehículos, con 24 concursos; industria y energía, con 17 concursos; hostelería, con cuatro procesos; transporte y almacenamiento, con dos; agricultura y pesca, con tres; e inmobiliarias financieras y seguros, también con tres.

El resto de servicios y actividades profesionales, administrativas y servicios auxiliares aglutinaron 17 procesos y hay cuatro concursos sin clasificar en la comunidad.