Un centenar de empresas ronda Las Aletas

La construcción de tercer parque industrial de Andalucía sigue varado entre un mar de papeles a la espera de que se definan los nuevos usos de los terrenos. El futuro del parque de Las Aletas, ubicado en Puerto Real, es todavía una incógnita por resolver. Pese a la incertidumbre que rodea al proyecto, clave para el desarrollo económico de la Bahía, un centenar de empresas ha mostrado interés por instalarse en lo que será el mayor parque tecnológico de la provincia y el tercero de la comunidad, por detrás de Málaga y Sevilla.

Los primeros empresarios que han solicitado información al Consorcio sobre disposición de suelo pertenecen al sector de la automoción, concesionarios de vehículos y comercios de venta al por mayor.

Pero antes de mover ficha con los interesados y ofrecer suelo para su implantación hay que aprobar varias asignaturas pendientes. La consultora Tragsa presentará a final de septiembre -el 17 está prevista la reunión del Consejo Rector de las Aletas- el informe urbanístico sobre la nueva calificación y distribución del suelo. La modificación que sufrirá el plan de ordenación inicial obedece a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado octubre, que tumbó el desarrollo del parque al detectar varios defectos de forma. El recurso contra Las Aletas que aceptó el Supremo fue interpuesto por la organización ecologista Adena. Lo más grave del fallo judicial fue que sacaba a la luz errores de bulto en la tramitación del expediente que llevó hasta el inicio de sus obras y dejaba en evidencia tanto a técnicos como a los servicios jurídicos de la Junta.

El Supremo indicaba en su fallo que se había vulnerado la Ley de Costas en cuanto a la ocupación del dominio público marítimo terrestre, al tiempo que no se argumentaba con detalle el interés social. Llama la atención este segundo aspecto, ya que el parque logístico-industrial de Las Aletas prevé la creación de 20.000 puestos de trabajo.

El parque ocupa 500 hectáreas en el término de Puerto Real, junto a las principales vías de comunicación de la Bahía, y basa su desarrollo sobre 287 de ellas que se encuentran en zona de dominio público. Este terreno, por tanto, no se puede adquirir en propiedad y la solución que se dio fue la de concesión administrativa por 30 años, prorrogable por otros 30. El Supremo no vio viable esta fórmula, ya que habría que desmontar el complejo cuando pasara el plazo de la concesión.

El fallo judicial obligó a los gestores de Las Aletas a poner el contador a cero y empezar de nuevo. Un informe de la Abogacía del Estado, encargado por el Consorcio, reconocía que la solución era viable, pero había que introducir cambios para cumplir con el fallo del Supremo. De esta forma, el Consorcio encargó el pasado mayo un estudio técnico sobre los nuevos usos del suelo. La consultora Tragsa entregará a finales de septiembre la nueva ordenación de Las Aletas.

La patronal de empresarios de Cádiz, en boca de su vicepresidente, Javier Sánchez Rojas, confía en que el proyecto cobre fuerza otra vez a partir del próximo otoño, «después de dos años de retraso». Según Sánchez Rojas, «el revés del Supremo ha venido en un momento de crisis económica que ha permitido reorientar Las Aletas para no cometer más errores y poner suelo a disposición de las empresas en un momento económico más boyante que el pasado».