Blanco y los controladores

El Consejo de Ministros aprobó el viernes un decreto de «normas de seguridad aeronáutica en relación con los tiempos de actividad y requisitos de descanso» de los controladores, que remacha el decreto del pasado febrero por el que AENA asumió la organización del trabajo de estos 2.300 trabajadores -que hasta entonces se autorregulaban-, redujo a 80 el número anual de horas extraordinarias y limitó severamente sus ingresos totales. El último decreto es ulterior a la huelga de celo emprendida por los controladores, en forma de bajas médicas causadas, según ellos, por el cansancio que les producía el nuevo sistema de organización. La inspección de Sanidad puso de manifiesto que solo una tercera parte de dichas bajas tenía fundamento. La nueva norma es intencionadamente dura porque, para evitar el «cansancio», impone la prohibición de acumular turnos (deben mediar 12 horas en general y 54 si se trata de turnos nocturnos), acumulación que utilizaban estos profesionales para reducir el número de días de trabajo a la semana. Además, se establecen límites de trabajo de 50 horas semanales, 200 al mes, 1.670 al año, que son evidentemente muy elevados. De cualquier modo, la regulación se inspira, como reconoce la propia norma, en el modelo británico vigente. La reacción de los controladores, que están negociando su convenio colectivo, ha sido airada: han calificado la medida de «provocación» que tendría por objeto «dinamitar las negociaciones en curso». Su sindicato, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), ha amenazado con una huelga, que habrá de ser aprobada por su asamblea nacional. El ministro de Fomento, impertérrito, ha reconocido su derecho a utilizar ese derecho constitucional, ha manifestado su confianza en que el colectivo no aprobará la huelga y ha recordado la obligación de cumplir los servicios mínimos. En pleno mes de agosto, y en un buen año turístico que puede contribuir a acelerar la salida de la crisis, harían bien las partes enfrentadas en optar por la negociación y no por unas nuevas medidas de fuerza que difícilmente beneficiarán a alguien y dañarán en todo caso el interés general.