El paro, sin vías de solución

No se han cumplido las previsiones del Gobierno y de algunos analistas económicos que auguraban un leve descenso del paro en la EPA del segundo trimestre: pese a la creación de 82.700 nuevos puestos de trabajo, en su mayor parte debidos a factores estacionales, el desempleo ha crecido en 32.800 personas a causa del aumento de la población activa, que se ha incrementado en 115.500 personas. En definitiva, el paro sigue incrementándose al 2,4% frente al 3,6% del trimestre anterior y alcanza ya las 4.645.500 personas. Esta situación, que cabe calificar de dramática, sin precedentes desde 1997, no puede sin embargo sorprender después de las decisiones adoptadas por Bruselas de suprimir todos los estímulos fiscales y proceder en todos los países a un severo ajuste que acelere la convergencia, que en España ha supuesto un importante recorte de la inversión pública. Si a ello se añade el efecto de los ajustes europeos -en especial del alemán- sobre nuestro sector exterior, no puede ni siquiera descartarse que regresemos en los últimos trimestres del año a crecimientos negativos, con el imaginable efecto negativo sobre el empleo. Ante estas perspectivas, las reformas estructurales en marcha o en proyecto adquieren un valor extraordinario ya que sólo la conquista de una mayor productividad puede suplir hasta cierto punto la falta de crecimiento económico en la reducción del desempleo. La reforma laboral en curso no tiene un efecto directo sobre la generación de nuevos puestos de trabajo pero sí facilita la actividad empresarial y sirve de acicate a los emprendedores que deben generar actividades capaces de sustituir a la construcción como motor de la economía. De ahí la importancia de que esta reforma, aprobada ya en el Congreso y que aún ha de ser debatida en el Senado, no termine descafeinada y por lo tanto inútil. Además, habría que intensificar las medidas de austeridad en el sector público, ya que las emprendidas no pasan de tener un carácter anecdótico: cuanto mejor se gestionen y más se adelgacen las administraciones central y autonómica, menos inversión productiva habrá que recortar. Y más impulso adquirirá el proceso económico, que necesita todos los esfuerzos y estímulos que podamos prestar.