Competencia da un golpe mortal al Marco y sanciona a las bodegas con 6,7 millones

Una «sentencia de muerte», una «absoluta barbaridad» y el día más triste para la Denominación de Origen del Vino de Jerez. Ésas fueron algunas de las afirmaciones realizadas ayer desde la patronal bodeguera Fedejerez tras conocerse que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha resuelto sancionar a ocho bodegas, junto a la propia Fedejerez y al Consejo Regulador, por un total de 6.723.000 euros y tras tener en cuenta la presentación de una solicitud de clemencia por una de las empresas participantes en lo que denominaron como «cártel», en concreto el Grupo Garvey.

La CNC recordó en el comunicado que esta sanción surge de las inspecciones realizadas en julio de 2008 en las sedes empresariales de varias de las empresas presuntamente participantes en el cártel y en Fedejerez, «recabando importante material probatorio de las conductas anticompetitivas que finalmente han sido sancionadas». Tras esta investigación 'in situ', el organismo abrió un expediente contra varias empresas del Marco, entre ellas Grupo Bellavista y Zoilo Ruiz Mateos (Garvey), pese a que esta misma compañía había sido la que junto a COAG denunció el cupo de ventas aplicado en 2006 por el Consejo Regulador y por el que, como destacaban ayer desde la empresa de los Ruiz-Mateos, su cuota de venta en el mercado bajó del 37% de sus existencias al 14%.

Finalmente, Garvey no será multada porque, como informó ayer la CNC, presentó una solicitud de exención del pago de la multa y solicitó la aplicación del denominado programa de clemencia.

El organismo presidido por Luis Berenguer señaló también que consta acreditado en el expediente que «varias de las principales operadoras de este sector establecieron en el año 2001 un cártel para controlar la producción y el precio de los vinos de Jerez que eran destinados a la exportación bajo las marcas comerciales de los comercializadores en destino, es decir el denominado mercado BOB (marcas blancas)».

Según narra la CNC, ante un mercado en una situación de reducción de demanda como era la que el vino de Jerez venía experimentando, tanto en demanda interna como externa, estos operadores acordaron reducir la oferta de vino comercializable para el BOB, con el fin de poder aumentar los precios.

Durante los primeros años el acuerdo funcionó según se esperaba, con la participación del Consejo Regulador, dando lugar a un incremento de esos precios. Si bien, «atraídos por esos mayores precios» entraron en este mercado otros operadores, aumentando consecuentemente la oferta, lo que produjo, a su vez, un nuevo descenso de los precios.

El comunicado continúa diciendo que «con el fin de volver a la situación inicial del cártel, nuevas medidas para restringir la oferta de producto fueron calculadas, diseñadas y puestas en práctica por los miembros del cártel, imponiéndolas con carácter obligatorio para todas las empresas del sector». Y va más allá y asegura que «para ello el cártel contó con la participación de Fedejerez, que diseño las fórmulas de dichas restricciones de oferta, y con el Consejo Regulador, que emitió las correspondientes normas que contenían dichas restricciones de ofertas». No hay que olvidar que el Consejo Regulador ya fue sancionado por esta última fase -la del cupo- en un expediente anterior, «por lo que su imputación en el actual expediente se limita al periodo que va desde 2001 hasta junio de 2006».

En esta segunda fase se incorporaron al acuerdo de cártel otros pequeños productores. Según explica la CNC, junto a las restricciones de la producción fueron diseñadas otras medidas complementarias y habituales en este tipo de cárteles, como son incrementos pactados de precios, repartos de mercados y clientes, o los correspondientes controles de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos por todas las partes implicadas.

Para el organismo, el cártel estuvo activo siete años, desde 2001 hasta 2008, momento en que la CNC incoó expediente sancionador y realizó las inspecciones. Se trata pues de un cártel de «larga duración, con efectos en el comercio entre los Estados Miembros de la UE, pues el producto BOB es un producto dedicado a la exportación, fundamentalmente a tres Estados Miembros (Alemania, Países Bajos y Reino Unido), aunque afectaba también a otros países de la UE y a toda la comercialización del vino de Jerez».

Es además una conducta tipificada como «muy grave» en la legislación de competencia -tanto en la normativa nacional como en la comunitaria-, ya que la actuación de las empresas supone «un perjuicio directo para los consumidores, puesto que reduce la presión competitiva entre los productores, traduciéndose en mayores precios, o bien menores ofertas, lo cual significa en todo caso un prejuicio grave para el consumidor».

En definitiva, la empresa solicitante de aplicación del programa de clemencia que la nueva Ley 15/2007 introdujo, Garvey, ha sido eximida del pago de la multa de 670.000 euros que le habría correspondido por su participación en este cártel.

La CNC recuerda que hubo un segundo solicitante de clemencia, González Byass, pero dice que «aunque en un principio se propuso la reducción del importe de la sanción, tras incumplir el deber de colaboración que le impone la ley finalmente no se le ha reducido el importe de la multa».

El resto de sancionados son José Estévez, Williams & Humbert, Emilio Lustau, Barbadillo, Caydsa, J. Ferris y Pedro Romero. Además, al ser declarados Fedejerez y el Consejo Regulador coautores de la infracción, Competencia establece sanciones de 400.000 euros y de 200.000 euros, respectivamente.

Desde Fedejerez, el disgusto ayer era notable, y por eso dejaron claro que recurrirán ante la Audiencia Nacional la sanción por considerarla «injusta» y «desproporcionada».

La patronal hizo una valoración «muy negativa» de la sentencia, al considerar que la CNC ha estimado en gran medida los argumentos empleados por los denunciantes «contra un sector elaborador de productos internacionalmente reconocidos que sufre una muy grave crisis estructural y cuya forma de actuar en ningún caso se puede calificar como lesiva para los intereses de los consumidores».

Además, añadió que las únicas prácticas relacionadas con las que se refiere la denuncia lo habían venido siendo «desde tiempo inmemorial, bajo el auspicio de las propias administraciones públicas y conforme al principio de confianza», en defensa de los estamentos del sector del jerez, los propios viticultores y bodegas elaboradoras, ante la «gravísima crisis de exceso de oferta» en que lleva instalado el sector desde hace dos décadas.

Por eso, Fedejerez alertaba de que la resolución «va a agravar la ya muy grave crisis de un sector del que dependen más de 10.00 familias».

Explicaciones

La otra cara de la moneda la ofreció ayer Grupo Garvey, que mostró su deseo de que las bodegas del Marco compitan «libremente y sin restricciones ilegales» y que explicó que la denuncia que se interpuso «pretendía impugnar los cupos máximos de ventas que el Consejo Regulador realizó de la media de sus ventas de los cinco últimas campañas y que pretendió imponer a las bodegas».

«Esto favorecía a las bodegas de Fedejerez, que tenían un mercado consolidado y podían seguir vendiendo lo mismo, y perjudicaba a las que estaban en proceso de expansión, limitando sus ventas, pues sólo podían vender, como máximo, un porcentaje inferior a la media de las cinco últimas campañas», según aseguraron.

Ante esta situación, según siempre Grupo Garvey, con cinco empresas en el Marco y más de 100.000 botas de existencias, tuvo que «defender su posición» pues «siendo una empresa en claro crecimiento y apostando enérgicamente por Jerez, vio cómo de forma discriminada y de manera singular, su cupo se veía reducido».

De esta manera, explicaron que «la CNC declaró que esos acuerdos del Consejo Regulador eran ilegales por constituir prácticas restrictivas de la competencia, y le impuso una sanción de 400.000 euros».