Pedraz ordena detener a los soldados que mataron a Couso

Código Rojo. Orden internacional de búsqueda y captura «a efectos de extradición». El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz no está dispuesto a perder el tiempo en el 'caso Couso'. Un día después de recibir el texto íntegro de la sentencia del Tribunal Supremo que le ordena reabrir el sumario por el asesinato del cámara español de Telecinco José Couso en el Hotel Palestina de Bagdad, el 8 de abril de 2003, el magistrado ordenó la captura de los tres militares estadounidenses que formaban la cadena de mando del carro blindado que disparó contra el edificio.

Pedraz, en un auto y en un providencia conocidas ayer, vuelve a imputar al teniente coronel Philip de Camp, al capitán Philip Wolford y al sargento Thomas Gibson. Les acusa formalmente de un delito contra la comunidad internacional, en concurso con un delito de homicidio. El juez asegura que hay «motivos bastantes para creer responsables criminalmente» a los tres soldados de un «ataque a población», con el resultado de la muerte de Couso, en un «acto o amenazas de violencia con la finalidad de aterrorizar a la población civil o a los periodistas».

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, ahora con el amparo por segunda vez del Supremo, quiere ir todavía más lejos en la investigación que sus superiores del tribunal de la calle Génova le prohibieron por tres veces. Pedraz, además de reactivar las imputaciones, pide autorización al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para poder viajar a la capital iraquí para hacer una inspección ocular y comprobar desde dónde disparó el carro armado y dónde se encontraba el cámara.

El juez está dispuesto a movilizar a todos los servicios del Estado para conseguir la más que improbable extradición de los tres militares, que no logró cuando en enero de 2008 ya les imputó por primera vez, imputación que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó en mayo de ese mismo año. Por ello, Santiago Pedraz ordena a la Comisaría General de Información, al Servicio de Información de la Guardia Civil y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que practiquen «las gestiones oportunas» para saber dónde están los tres militares.

El magistrado insta a las fuerzas de seguridad y a los servicios de inteligencia a adoptar «las medidas que consideren necesarias» para dar con el paradero de los imputados, entre ellas, pedir información a servicios de otros países e, incluso, «si es preciso y dentro de los límites legales de su actuación, el desplazamiento a Estados Unidos para realizar las pesquisas oportunas». En sus resoluciones, el instructor justifica la orden de búsqueda y captura como última opción, habida cuenta de las reiteradas negativas de Washington a cooperar con esta investigación. El juez recuerda que las autoridades norteamericanas ni siquiera respondieron entonces a la solicitud de que una comisión judicial de la Audiencia Nacional se desplazara a EE UU para interrogar a los tres soldados.

No obstante, el juez no pierde la esperanza, habida cuenta de que en Washington ahora hay otro Gobierno, el de Barack Obama. «Ahora podría existir la posibilidad de una efectiva cooperación, antes denegada», explica Santiago Pedraz, quien, al margen de las órdenes de captura, ha vuelto a cursar una solicitud de auxilio judicial a EE UU para que los militares puedan ser interrogados allí. Además, Pedraz retoma todas las diligencias que ordenó ya en mayo de 2008, entre ellas el interrogatorio de periodistas de las televisiones Al Yazira y Abu Dhabi, cuyas sedes fueron también atacadas. La reactivación de la instrucción del caso se produce solo tres días después de que la Sala de lo Penal hiciera público el fallo completo en el que aseguraba que Couso murió en un ataque de soldados norteamericanos contra civiles de «impacto y pavor» que es «penalmente imputable».