Pedraz ordena busca y captura para los tres militares americanos procesados por la muerte de Couso

Tras la reciente reapertura del caso, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado la busca y captura e ingreso en prisión para la extradición de los tres militares americanos imputados en el caso de la muerte del cámara de Telecinco José Couso el 8 de abril de 2003 en Bagdad (Irak).

Fuentes jurídicas han informado de que el magistrado ha pedido además autorización al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para viajar a Irak entre octubre y noviembre próximos para la inspección ocular de los lugares de los hechos, ocurridos en el hotel Palestina de Bagdad.

El Tribunal Supremo (TS) ordenó a la Audiencia Nacional reabrir la investigación sobre la muerte de Couso al considerar que la estrategia bélica denominada "de impacto y pavor", consistente en actos como el bombardeo sobre personas y bienes protegidos en conflicto armado, como el que provocó la muerte de Couso, es penalmente imputable a quien dirija esas operaciones.

Ahora, Pedraz vuelve a imputar al teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson un delito contra la comunidad internacional, en concurso con un delito de homicidio, en relación con el "ataque a población civil con la causación de la muerte del señor Couso y el acto o amenazas de violencia con la finalidad de aterrorizar a la población civil o los periodistas". El juez considera que existen "motivos bastantes para creer responsables criminalmente" de estos hechos a los tres acusados.

Según el relato que consta en el auto dictado por Pedraz, De Camp fue la persona que "dio la orden directa de disparar" contra el Hotel Palestina, pese a saber que se encontraba en zona civil y era ocupado por periodistas; Wolford transmitió la orden y Gibson fue "quien materialmente efectuó el disparo" que mató a Couso y a otro periodista, Taras Protsyuk, de la agencia Reuters, y provocó heridas graves a otros tres reporteros.

Dada la "gravedad de los hechos imputados" y teniendo en cuenta que las autoridades de Estados Unidos no han cooperado hasta el momento, al no responder al ofrecimiento de que la comisión judicial se desplazara a Estados Unidos para tomarles declaración, Pedraz acuerda la busca y captura e ingreso en prisión de los tres militares, a efectos de extradición, "cómo única medida efectiva para recibirles declaración y asegurar la presencia de los mismos en el proceso".

Posible desplazamiento a EEUU

Para ello, pide a la Comisaría General de Información, al Servicio de Información de la Guardia Civil y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que practiquen "las gestiones oportunas" para averiguar el paradero de los tres militares, tomando "las medidas que consideren necesarias". Entre ellas, dirigir las oportunas solicitudes de información e inteligencia a los servicios de seguridad de los países que puedan tener datos que aportar, así como "si es preciso y dentro de los límites legales de su actuación, el desplazamiento a Estados Unidos para realizar las pesquisas oportunas".

No obstante, dado que cuando tuvieron lugar los hechos en Irak había otra Administración en Estados Unidos, Pedraz contempla que "ahora podría existir la posibilidad de una efectiva cooperación, antes denegada", por lo que, en una providencia, libra una solicitud de auxilio judicial al Gobierno de Barack Obama para que declaren los tres militares y para que se recabe del Departamento de Estado, del Departamento de Defensa y de Justicia de Estados Unidos testimonio íntegro de la documentación obrante sobre los los hechos investigados.

Además de ordenar continuar con la instrucción, el juez acuerda practicar las diligencias que ya ordenó el 20 de mayo de 2008 y que no fueron realizadas. Así, pide a la Comisaría General de Información que localice a los periodistas de las televisiones Al Yazira y Abu Dhabi para que presten declaración para aclarar "cómo se produjeron los ataques a las respectivas sedes de dichas televisiones en el mismo día a que se refieren los hechos que se investigan en la presente causa".

Comisión rogatoria

Igualmente, insta a que se reitere la comisión rogatoria librada a Irak para que se autorice al desplazamiento de la comisión judicial de la Audiencia Nacional al lugar de los hechos, a fin de efectuar el oportuno reconocimiento judicial y, "en la medida de lo posible", una reconstrucción de los hechos.

No obstante, como "no se obtuvo respuesta" en la primera solicitud, Pedraz acuerda realizar una "inspección ocular de los lugares de los hechos", para lo que no ve necesario cursar una comisión rogatoria, ya que "no se precisa cooperación judicial" de Irak ni "asistencia alguna de autoridades o funcionarios de dicho país". "Se trata de una mera inspección ocular -explica-, para lo cual basta que la comisión judicial se desplace a Bagdad para in situ ver los lugares de los hechos y así el puente Jamuroahora, el hotel Palestina y las sedes de las televisiones Al Yazira y Abu Dhabi, documentándolo mediante vídeo con zoom oportuno".

En concreto, el juez establece que la comisión judicial estaría integrada por el instructor, el secretario judicial y un funcionario del juzgado, el Ministerio Fiscal y las partes si lo estiman oportuno y, "sólo en caso de que a ello se presten voluntariamente", los periodistas testigos de los hechos Olga Rodríguez Francisco, Jon Sistiaga Escudero y Jesús Manuel Hernández Quiñonero, que podrían indicar a la comisión los lugares exactos de los hechos. Con el objetivo de poder realizar este desplazamiento, que se realizaría entre los meses de octubre y noviembre de este año, el magistrado solicita al máximo órgano de gobierno de los jueces que le conceda la oportuna comisión de servicios.

Se trata de la segunda vez que el Tribunal Supremo ordena a la Audiencia Nacional reabrir el caso, después de que en diciembre de 2006 el alto tribunal anulara un primer archivo de la causa rechazando que el fallecimiento pudiera incardinarse en un 'acto de guerra'. En su resolución, el Supremo sostiene que el auto de la Audiencia Nacional anticipaba "una sentencia absolutoria cuando no se han agotado las diligencias de instrucción".