Reformas estructurales, ¿eficientes o equitativas?

La actual crisis económica ha sacado a la luz la necesidad imperiosa de llevar a cabo ciertas reformas estructurales en España, entre otras, la del mercado laboral y la del sistema educativo. A tenor de los debates que estas reformas están alimentando parecería que los Gobiernos se ven abocados a elegir entre ganar eficiencia y productividad o ser más equitativos. Como argumentaremos a continuación, este conflicto no tiene por qué existir si las políticas apuntan en la dirección correcta.

La literatura de Igualdad de Oportunidades enfatiza que la renta de los individuos viene explicada por al menos dos tipos de factores. El primero tiene que ver con el esfuerzo de los individuos, por ejemplo, el nivel educativo alcanzado, el número de horas trabajadas o la ocupación elegida. El segundo tiene que ver con las circunstancias, por ejemplo, el origen socio-económico del individuo (la educación y ocupación de los padres), la raza, el sexo, el lugar de nacimiento, etc. La desigualdad de renta en un país vendría así explicada por factores que están bajo el control del individuo (desigualdad de esfuerzo) y por factores que se deben a las distintas circunstancias (desigualdad de oportunidades). Ni todos nacemos iguales, ni todos nos esforzamos por igual. Así, el criterio de equidad (o justicia social) implicaría reducir sólo la desigualdad de oportunidades, esto es, reducir el papel que juegan las circunstancias en los logros de las personas. Reducir la desigualdad que provenga del esfuerzo podría no ser justo. El café para todos no da a cada uno lo que se merece y, por tanto, no siempre es justo ni equitativo. Y, ¿cómo se relacionan estos dos tipos de desigualdad con la eficiencia y la productividad de una economía?

Trabajos recientes han puesto de manifiesto que el efecto sobre la eficiencia de una economía de la desigualdad de esfuerzo y de oportunidades es de signo contrario. Por un lado, la desigualdad de esfuerzo puede aumentar el crecimiento económico al incentivar a los individuos a invertir en educación y trabajo. Por el contrario, la desigualdad de oportunidades perjudica la eficiencia al favorecer la acumulación de capital (humano y privado) solo a aquéllos que tienen buenos orígenes sociales, que no tienen por qué ser los de más talento o los más productivos. Así, una política redistributiva dirigida a reducir la desigualdad de oportunidades fomentaría la justicia social a la vez que el crecimiento económico. Por su parte, políticas reductoras de la desigualdad de esfuerzo no serían muy justas desde el punto de vista social y tendrían un efecto negativo sobre el crecimiento del país.

Para entender mejor lo anterior, hablemos brevemente del sector educativo en España. España presenta unos elevados niveles de fracaso escolar, lo que perjudica claramente al capital humano presente. Pero la salida prematura del sistema educativo de los jóvenes de hoy también reduce gravemente las oportunidades futuras de sus hijos (tendrán peores circunstancias), lo que será perjudicial tanto para la igualdad de los salarios como para el crecimiento económico. Así, luchar hoy contra el fracaso escolar ayudaría a reducir la desigualdad de oportunidades y favorecería el crecimiento futuro. Por otro lado, la educación universitaria se encuentra fuertemente subsidiada. Aproximadamente el coste por alumno es de 4.700 euros anuales de los cuales el alumno solo debe pagar aproximadamente 700 euros, lo que supone un subsidio en términos relativos del 85%. Una consecuencia directa de estos subsidios es la miopía financiera que genera en los estudiantes al no percibir estos el coste real de su educación. Por un lado, esta miopía lleva a tener un número excesivo de estudiantes en el sistema, lo que rebaja la calidad de la formación universitaria recibida. Por otro lado, causa un exceso de oferta de titulados universitarios en el mercado laboral. Todo ello, peor capital humano y una mayor oferta de titulados, va en detrimento de aquellas personas con peores circunstancias y oportunidades. Un menor capital humano reduce la capacidad para competir en un mercado laboral cada vez más global. Una oferta mayor de trabajadores con título universitario traslada las plusvalías de la educación a niveles superiores de formación (por ejemplo, los Masters). Así, el título universitario se convierte en una mala señal del nivel de esfuerzo y talento del estudiante, haciéndose fundamental para competir adquirir otros conocimientos. Pero esta formación complementaria requiere mayores recursos y más tiempo, lo que restringe el acceso a personas con talento pero con malas circunstancias.

A todo esto hay que añadir un sistema de becas basado más en la cantidad (número de becas) que en la calidad (buenas becas a quien realmente se lo merece y necesita). Se favorece que la mayor parte del alumnado tenga algún tipo de beca, en lugar de concentrar los esfuerzos financieros en los mejores estudiantes pero con peores oportunidades. Además, las becas son percibidas demasiado tarde, en general bien entrado el curso escolar, lo que puede causar un abandono prematuro de aquellos alumnos con peores circunstancias. Tener en cuenta estos aspectos se torna fundamental a la hora de diseñar correctamente la futura reforma educativa. Podríamos poner ejemplos respecto a la reforma laboral en España, pero no hay espacio en este breve artículo.

Sólo nos queda concluir que aquellas políticas que vayan dirigidas a reducir la desigualdad de oportunidades tendrán un doble beneficio social: un mayor crecimiento económico y una mayor justicia social. Algunas reformas estructurales de no tener en cuenta lo anterior pueden suponer una nueva oportunidad perdida para poder crecer con verdadera equidad.