El miedo al sheriff Arpaio vacía Arizona

«¿A Arizona?», me preguntaban en Nueva York con cara de espanto. «Ten cuidado no se te vaya olvidar el pasaporte cuando vayas al baño», me decían unos. «Todos estamos horrorizados de lo que pasa allí abajo», me escribieron unos vecinos, con aire de disculpa colectiva.

Los primeros no bromeaban, el infame sheriff Arpaio, que se precia de ser el más duro del país, ha mandado ampliar la famosa cárcel-campamento de deportados conocida como Tent City para alojar a las nuevas hordas de hispanos que piensa detener a partir de mañana, cuando entre en vigor la ley antiinmigración SB1070, que le permitirá extender la cacería. Bajo esta norma ser indocumentado pasará a ser un delito mayor y la Policía tendrá la obligación de investigarlo siempre que encuentre indicios de sospecha en el curso de su trabajo. El problema es: ¿qué aspecto tiene un indocumentado en un estado donde más del 30% de la población es de origen hispano? ¿Qué le convierte en sospechoso si no se tiene en cuenta su acento, sus rasgos o cualquier otro elemento racial?

Los segundos solo demostraban la gran distancia moral que separa a la ciudad de Nueva York del resto del país, donde más del 60% apoya la ley estatal que el Gobierno de Barack Obama intenta frenar en los tribunales. Por ahora, sin éxito. La juez Susan Bolton no se ha dejado impresionar por los argumentos de que es inconstitucional al interferir con una competencia del Ejecutivo federal, como es la inmigración y la política exterior. «Explíquenme qué impide a Arizona tratar a los ilegales tan mal como quiera», preguntó el jueves pasado en la última vista oral. Tampoco se dejó impresionar por los del policía Martín Escobar, para quien esta ley le obligará a aplicar criterios racistas y por lo tanto, le pondrá fuera de la legalidad para hacer su trabajo.

Ajena a todo el clamor callejero de las organizaciones de derechos humanos, la magistrada ha dicho que «no promete» tener una decisión antes de mañana, el día en que entrará en vigor la norma antiinmigración más dura del país, que firmó en abril pasado la gobernadora republicana Jan Brewer. Los hispanos de Phoenix la llaman la esposa de Chucky -el muñeco diabólico-. Y Chucky es el sheriff Arpaio.

Rosa María Soto rezaba anoche el rosario a la Virgen de Guadalupe en las puertas del Capitolio de la ciudad, como ha hecho durante los últimos cien días, con la esperanza de que la oración le ablande el corazón a la jueza. No le funcionó en abril pasado, cuando empezaron la vigilia para que la virgen intercediera ante la gobernadora. Para conmoción general de la masa que aguardaba la decisión en la explanada, convencida de que Brewer no pondría su firma en una ley que les condena a vivir como animales escondidos en sus madrigueras o a ser hostigados continuamente por las fuerzas del orden, la gobernadora estampó su rúbrica. «Cuando hizo el anuncio nos quedamos todos mudos», recuerda Rosa María. «Hágase cuenta de que fue como si México acabase de perder el Mundial frente a España. Tristísimo».

Hundimiento de la economía

Si en la mente de muchos el Mundial puede salvar la economía española, en la realidad de Arizona la ley SB1070 acaba de hundirla. En el centro comercial de la avenida 43 y Thomas, los pórticos por los que antes corrían los niños son ahora callejones desiertos de comercios cerrados. El supermercado Food City cerró hace un mes y medio. La pizzería, hace tres semanas. La panadería de la señora Ana, la semana pasada. «Todo el mundo se está yendo a otros estados, nadie quiere esperar a que entre en vigor la ley para que los cojan por la carretera cuando intenten huir y acaben en la cárcel», explica Armando, el dependiente de la tienda Dollar que últimamente no vende más que maletas y bolsas de viaje. «Sin hispanos, no hay clientes. Y sin clientes no hay negocio. Todos cierran».

Para Armando, la ley es el tiro de gracia a una situación económica en la que apenas sobrevivían debido a la crisis. Entre los que se han marchado a otros estados y los que no salen de casa por miedo a que los detenga la Policía, no hay negocio que resista. Las ventas de garaje del pasado fin de semana daban cuenta de quienes liquidan sus bienes para empezar de nuevo en otro estado antes de que entre en vigor la ley. María Sierra ha tenido que cerrar su tienda de decoración y alquilar un pedacito de un restaurante para vender ahí sus cintas de colores, que suplementa con objetos de segunda mano de quienes se van. «El negocio empezó a caer terrible desde el mismo día en que se firmó la ley», asegura. Yo tengo mis papeles, gracias a Dios, pero sé lo que sufre un emigrante para mantener a su familia.