Compromiso de celeridad

El asunto del puente centró la atención, en clave local, de una comparecencia muy esperada: el ministro de Fomento concretó los anunciados recortes y retrasos de su plan de inversión para materializar el ajuste encaminado a la reducción del déficit. En síntesis, el Gobierno rescinde 32 contratos de más de un millón de euros (el 2,7% del total), de los que 14 volverán a contratarse por el procedimiento público-privado del Plan Extraordinario de Infraestructuras. Otros 199 proyectos se demorarán entre uno y cuatro años (el 17%, que representa 8.700 millones de euros) y 885 (el 80%, por valor de 23.500 millones) se harán en plazo. Las obras canceladas ascienden a 928 millones. Puente aparte, la provincia de Cádiz no sale tan mal parada, pues ninguna de las obras rescindidas nos afectan y se garantizan las inversiones en aeropuerto, puertos y en el ferrocarril de alta velocidad. Los proyectos afectados no estaban en ejecución. Es poco objetable esta política, que sin duda tendrá efectos depresivos sobre la economía y generará más paro. Pero eso ya se sabía cuando la UE dio preferencia a la recuperación rápida de la estabilidad -a los ajustes- sobre el crecimiento. Blanco ha insistido en todo caso en que en el futuro habrá que medir mejor la inversión pública para acomodar las realizaciones a nuestras posibilidades y ha anunciado la creación de una subcomisión parlamentaria para revisar con criterios de eficiencia el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes 2005-2020 que rige la actividad del Ministerio. No éramos tan ricos, y tenemos que empezar a actuar en consecuencia. El ministro de Fomento, José Blanco, ha adquirido un claro compromiso en sede parlamentaria, y ante la opinión pública, un «compromiso personal y político» textualmente, de que las obras del segundo puente sobre la Bahía de Cádiz son «prioritarias». Incluso ha añadido argumentos a la importancia del proyecto: su carácter supramunicipal, su interés para la movilidad de la Bahía y su relevancia para la conmemoración del Bicentenario de las Cortes. Todo ello no esconde el hecho de que el puente se retrasa, se «reprograma» en el lenguaje técnico, y que no se terminará en la fecha prevista. Fomento y la empresa constructora, Dragados, negociarán los nuevos plazos, que se darán a conocer a finales de septiembre. No es posible, por lo tanto, dar una estimación de cuánto tardará en concluirse. En el mejor escenario, a finales de 2012, ya que la obra llevaba incluso algún adelanto sobre la programación. En el peor, en 2013. La fecha de 2014 es descartada por excesiva, a tenor de la decisión del ministro. Las dificultades son notorias, ya que está ejecutado algo más del 50% y a Fomento le quedan por pagar más de 170 millones de euros. El segundo puente será contemplado en el contexto de los demás encargos que Dragados tiene pendientes del recorte. La negociación entre el ministerio y la empresa será a cara de perro y ahí es donde el ministro deberá demostrar sus buenas palabras. Es pues el momento de que la sociedad civil haga sentir su peso en defensa del proyecto, a fin de reforzar la necesaria celeridad en las obras y de exigir el cumplimiento del compromiso del ministro. Celebrar el Doce sin el puente resultará frustrante, como lo es retrasar las consecuencias de mejora de la vida de los ciudadanos que aportan las infraestructuras. Es una demanda común, de todos los sectores sociales. La Pila 13 y el resto de avanzadas columnas que jalonan el trazado sobre la Bahía no deben quedar mucho tiempo sin cubrir.