El fiscal pide 15 años de cárcel para Carlos Fabra por cohecho y fraude fiscal

La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, al considerarle culpable de un delito continuado de tráfico de influencias (un año), otro continuado de cohecho (cuatro años) y cinco ilícitos contra la Hacienda Pública (dos años por cada uno).

El Ministerio Público considera probado que el actual presidente del PP en Castellón no dudó en reunirse con ministros y altos funcionarios del Gobierno de José María Aznar, a los que pidió trato de favor para las empresas farmacéuticas de sus amigos, a quienes cobraba 'mordidas' por esos servicios de intermediación para agilizar permisos. Junto al dirigente popular se sentarán en el banquillo su ex esposa, María Amparo Fernández, para responder a una petición de prisión de ocho años de cárcel por cuatro delitos contra el fisco, y los empresarios Vicente Vilar y su ex mujer, Montserrat Vives, que se enfrentan a penas de cárcel de cuatro años por cohecho continuado.

Anticorrupción, además, reclama a Fabra el pago de una multa de 2,33 millones de euros por sus desfalcos al Tesoro Público entre 1999 y 2003 y la devolución al fisco de los más de 886.475,89 euros que supuestamente defraudó durante esos cinco años. Su entonces mujer, por su parte, se enfrenta a una multa de 1,18 millones de euros y a la exigencia de que devuelva en concepto de indemnización los 586.372,08 euros que supuestamente ocultó al Tesoro. Los otros dos acusados se arriesgan a sanciones de 600.000 euros cada uno.

Inhabilitación

Además de las penas de prisión y multa, la Fiscalía pide para Fabra otros 15 años de inhabilitación para empleo y cargo público.

Según el relato de Anticorrupción, toda la trama comenzó en 1999, cuando Vilar y Vives pidieron a Fabra que «valiéndose de su cargo» en la Diputación «tratara de influir ante los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación de determinados productos fitosanitarios». El dirigente del PP no dudó en hacer el favor y, a partir de 1999, se reunió con varios responsables políticos de los gobiernos de Aznar. La Fiscalía habla, entre otros, de encuentros con el ex ministro de Agricultura Jesús Posadas, el ex secretario de Hacienda Juan Costa, el ex director del Gabinete de Presidencia Alfredo Timermans, o la por entonces responsable de Sanidad, Celia Villalobos. El escrito de Anticorrupción también nombra a otros políticos con los que se reunió el imputado, tales como el diputado Juan José Ortiz, el senador Miguel Vicente Prim o el subdelegado del Gobierno en Castellón Vicente Sánchez.

Fruto de las gestiones de Carlos Fabra -prosigue la acusación pública-, en octubre de 1999 se consiguió la autorización para comercializar uno de los productos estrella de la empresa de Vives y Vilar. Aquel primer 'éxito' le valió a Fabra una recompensa de 25 millones de pesetas. El presidente de la diputación se volcó entonces en conseguir otros favores, ya no solo para las firmas de sus empresarios amigos sino también para la de su todavía mujer, quien se había metido en el negocio de los fármacos con los imputados. En abril de 2000, Fabra llegó a constituir una sociedad en la que era el administrador único, que «utilizó para ocultar los pagos» de las 'mordidas' que le pagaban por los favores los empresarios amigos.

La denuncia que llevará al banquillo al dirigente del PP fue presentada en diciembre de 2003 por el propio Vilar, quien para entonces se había peleado con su antiguo amigo y conseguidor. Le acusó ante Anticorrupción de haberle cobrado por hacer las gestiones ante los ministerios de Sanidad y Agricultura para conseguir agilizar las autorizaciones de fabricación y comercialización de productos fitosanitarios.