Denuncian a la Policía a un inmigrante que cumplía 18 años

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, está mediando en una reclamación interpuesta por una asociación jerezana sobre el centro de menores Manuel de Falla, donde viven inmigrantes tutelados por la Junta de Andalucía. Al parecer, y según consta en el expediente de la queja remitida al organismo andaluz, el centro comunicó a la Policía cuándo iba a salir a la calle un inmigrante que acababa de cumplir los 18 años y que no tenía documentación. «Todo ello -reza en el documento del Defensor del Pueblo- con vistas a que las fuerzas policiales se personen en el centro de forma inmediata cuando alcanzara la mayoría de edad para incoar el expediente que condujera a la expulsión del país».

En una primera fase de la reclamación, el Defensor del Pueblo se dirigió a la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, que asegura que «se trata de orientaciones sobre cuestiones relacionadas con la comunicación a la Brigada de Extranjería de los menores que alcanzan la mayoría de edad. Dichas prácticas no responden más que a la necesidad de dotar al sistema de protección de menores de las garantías precisas que conlleva la atención a este colectivo de menores». El Defensor recibió, igualmente, respuesta de la Delegación provincial, explicando que se había mantenido un encuentro con el responsable del centro de la calle Zaragoza «para que aclarara lo sucedido» y para «indicarle de forma clara las instrucciones de esta entidad». Según la Delegación provincial, estas instrucciones son que «únicamente se debe poner en conocimiento de las autoridades de extranjería la situación de aquellas personas adultas indocumentadas y sobre las que no se haya solicitado autorización de residencia».

Más garantías

No obstante, el colectivo jerezano no estuvo de acuerdo con cerrar el caso con un aviso por lo que solicitó «más garantías» para evitar la cesión de datos de los menores «para fines distintos a los previstos en la legislación». Por eso, el Defensor del Pueblo Andaluz sigue adelante con el expediente -que aún no está archivado- y cita la Ley de Derechos y Atención al Menor: «Al menos, durante el año siguiente a la salida de los menores de un centro de protección, la Administración de la Junta de Andalucía efectuará un seguimiento de aquellos al objeto de comprobar que su integración socio-laboral sea correcta, aplicando la ayuda necesaria».

Tras una serie de consideraciones, estipulan que «se debe censurar el criterio que se viene utilizando de comunicar al grupo de extranjería de la Policía con calculada antelación al día en que la persona alcanza la mayoría de edad, ello con independencia o no de que se hubiera solicitado la autorización de residencia». De ahí que la recomendación sea que «los responsables de los centros tengan las instrucciones precisas para garantizar que la cesión de datos personales a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los internos se efectúe en cumplimiento de la Ley».

Insisten en «que la guardia y custodia de la persona que hasta ese momento era menor de edad no puede concluir abruptamente sino que la legislación prevé cierta continuidad en las actuaciones de auxilio social para garantizar la integración completa en la vida adulta». Explican también que «se puede conceder una autorización temporal de residencia por circunstancias excepcionales para el menor tutelado que hubiera alcanzado la mayoría de edad sin haber obtenido autorización de residencia, siempre que hubiera participado adecuadamente en las acciones formativas y de integración social».