PP y PSOE sacan adelante la reforma que abre las cajas de ahorro al capital privado

El Congreso ha convalidado por una abultada mayoría de 323 votos a favor, frente a nueve en contra y 16 abstenciones, la reforma más trascendental de las cajas de ahorro en sus 200 años de existencia, que abre estas entidades al capital privado y reduce la presencia de políticos en sus órganos de gobierno. La aprobó el Gobierno por decreto ley, sobre la base de un inusual entendimiento entre el PSOE y el PP y estos grupos parlamentarios la sacaron adelante en la cámara entre las críticas de las fuerzas políticas minoritarias, y con la abstención de las nacionalistas.

Los representantes de PNV, con cierta tibieza, y de CiU, en términos más radicales, han reprochado a los dos partidos mayoritarios haber quedado al margen de la negociación y, sobre todo, que la nueva ley haya optado por introducir cambios sustanciales en los órganos rectores de las cajas de ahorro. El vasco Pedro Azpiazu, tras ensalzar las ventajas de las modificaciones que van a facilitar la reestructuración del sector y el acceso de las entidades a los mercados de capital, ha considerado que "no era necesario" ahora incidir en la forma de gobierno de las instituciones.

El catalán Josep Sánchez Llibre, sin embargo, ha declarado que la reforma, aunque incorpora aspectos muy positivos, adolece de dos graves carencias, la falta de transparencia en un proceso llevado a cabo a espaldas del Parlamento y de las Comunidades Autónomas, y, sobre todo, "una considerable invasión de las competencias autonómicas". Para reparar esta última, CiU ha planteado la tramitación de la norma como proyecto de ley con carácter de urgencia, pero su sugerencia fue rechazada por los grupos mayoritarios.

El ejemplo del Banco de España

Ha denunciado Sánchez Llibre que las comunidades autónomas no tendrán voz ni voto en aspectos decisivos de la regulación de las cajas de ahorro y ha citado como ejemplo que será el Banco de España el único habilitado para actuar ante el abandono de los integrantes de una 'fusión fría' o cuando una entidad individual quiera hacer uso de las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. En definitiva, concluyó, "las autonomías se van a ver despojadas".

PSOE y PP han celebrado la coincidencia que ha hecho posible esta reforma y han recordado que el consenso en temas financieros también hizo posible la constitución del Fondo Ordenada de Reestructuración Bancaria (FROB). Sus portavoces se han reprochado mutuamente la imposibilidad de extender este entendimiento a otras materias. El popular Álvaro Nadal ha desvelado las condiciones que, en este caso, abrieron camino al acuerdo. "El Gobierno nos vino con un planteamiento claro, ordenado, libre de ideologías y buscando objetivos", ha aseverado.

Los representantes de Nafarroa Bai, UPyD, IU-ICV, ERC y BNG han expresado total rechazo a la convalidación del real decreto. A su entender, la nueva ley no consigue los objetivos perseguidos -despolitización de los órganos rectores de las cajas, mayor profesionalización de sus directores- al tiempo que introduce elementos que van a desnaturalizar a estas estar entidades, alejándolas de las funciones sociales que siempre han desarrollado.

Nuevos retos

Ha defendido la urgencia de la reforma la vicepresidente segunda del Gobierno y ministra de Economía. Elena Salgado ha dicho que la aprobación de la nueva norma sigue al proceso de reestructuración emprendido y ambos permitirán a las cajas de ahorro "afrontar los nuevos retos que se avecinan". La ministra ha destacado la solvencia del sector financiero español frente a los "argumentos poco sólidos" expresados por sus detractores. Ha comentado que esa solvencia ya aparecía reflejada en el análisis que el Banco de España realizó para conocer el impacto de la exposición de bancos y cajas españoles al mercado inmobiliario.

Ese estudio ha concluido que el conjunto del sector tendría cubierto un eventual descenso de más del 50% en el precio de este tipo de activos, evocó. Otro informe llevado a cabo por el Fondo Monetario Internacional también sobre el deterioro inmobiliario arrojó resultados similares, ha añadido Salgado, y un tercero, también realizado por esta institución, que estudiaba el sector en un escenario "muy adverso" concluyó que las necesidades de capital podrían alcanzar un máximo de 22.000 millones de euros, de los que 5.000 corresponderían a los bancos y 17.000 a las cajas.