El PNV eleva el listón al Gobierno para pactar los Presupuestos de 2011

Los grupos del Congreso presentaron ayer sus propuestas de resolución -hasta un máximo de 15- resultantes del Debate sobre el estado de la Nación. En el caso del PNV, se trató de una declaración de intenciones que trasciende la propia filosofía del debate. Los nacionalistas vascos dejaron claro al Ejecutivo socialista de que venderán caro su apoyo a los Presupuestos de 2011 y de entrada reclamaron el reconocimiento de la realidad nacional de Euskadi. El Gobierno sabe que, como están las cosas, sin ese apoyo sería casi imposible pasar el examen presupuestario, crucial para agotar la legislatura.

José Luis Rodríguez Zapatero se metería en aprietos si, como reclaman el PNV al calor de la controversia abierta en Cataluña, propicia un nuevo marco político-jurídico que reconozca «la realidad nacional de Euskal Herria». El PNV quiere evita tropezarse en un futuro con la misma piedra que los catalanes. Por ello quieren garantías de que el Estado «respetará» y «garantizará» el cumplimiento de todas las decisiones que adopte libre y democráticamente la ciudadanía vasca mediante procedimientos legales.

En cuanto a la transferencias de competencias, que el PNV quiere que se materialicen en un plazo máximo de tres meses, incluyen el régimen económico de la Seguridad Social, las políticas activas y pasivas de empleo y la Inspección de Trabajo, entre otras materias que hasta ahora los distintos gobiernos sin distinción de color han rechazado. No son las únicas pretensiones del PNV que también desempolvó las selecciones nacionales deportivas para que un combinado vasco compita en campeonatos internacionales.

Pero no sólo el PNV, todos los grupos han cargado munición gruesa en sus propuestas. Llama la atención el hecho de que el PP no haya promovido ninguna iniciativa para solicitar adelanto un electoral, la demanda estrella de Mariano Rajoy durante el Debate del estado de la Nación. El PSOE no detalla ninguna medida contra la crisis.

Pensiones

Todos los grupos, salvo el PSOE, solicitan al Gobierno que retire la congelación de las pensiones de su plan de ajuste. El PP reseña la necesidad de «restituir la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones». CiU solicita que, en el Pacto de Toledo, se impulsen reformas «que mejoren los niveles de protección social existente y garanticen la sostenibilidad futura del sistema de pensiones».

Crisis económica y empleo

El PP, en la línea expresada por su jefe de filas, conmina al Ejecutivo a que elabore los próximos Presupuestos con la idea de que deben ser una herramienta para la recuperación económica. Por ello propone reducir el gasto no financiero en al menos 20.000 millones de euros con respecto a la previsión de cierre de 2010, además de desarrollar un plan global de reformas que recupere la senda del crecimiento y la creación de empleo. La apuesta de CiU en este apartado es complementar la reforma laboral con medidas directas para crear empleo, como la firma de un convenio con las comunidades para la recolocación de 150.000 personas en paro procedentes de la construcción con planes de formación para los sectores turísticos o de la rehabilitación.

Educación

El PSOE pretende que el Gobierno adopte medidas para mejorar el rendimiento educativo entre todos los estudiantes con el fin de garantizar la equidad y la excelencia. Considera necesario la creación de nuevas plazas de educación infantil para niños de cero a tres años. El PP pone el acento en la necesidad de poner en marcha una Estrategia Nacional para la Mejora de la Educación que genere un sistema educativo vertebrado y cohesionado en todo el país. Una de sus opciones es ajustar la estructura de la educación secundaria con el fin de adaptarla a las aptitudes e intereses vocacionales de los alumnos.

Igualdad

El PP propone prohibir el uso del velo integral en todos los espacios públicos de España como medida para defender la dignidad y la igualdad de todas las mujeres en nuestro país. El PSOE, por su parte, pide que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para que se aplique la Ley del Aborto en todo el territorio nacional, con el fin de que cualquier mujer tenga acceso a las prerrogativas de esta norma en condiciones de igualdad.