Ajuste de pensiones

El presidente Rodríguez Zapatero ha atestiguado durante el Debate sobre el estado de la Nación su firme intención de agotar los cuatro años de legislatura con el argumento de ultimar las reformas pendientes en la economía española. Una de ellas es la revisión del sistema actual de pensiones que, siendo la menos inmediata y precisando un consenso duradero en el seno del Pacto de Toledo, permitiría al presidente cubrir ampliamente su mandato. Por otra parte, tanto el propósito de congelar las pensiones para 2011 como los cambios a introducir respecto a la edad de jubilación y a los criterios que establecen la cuantía de la percepción de los pensionistas, representan uno de los aspectos más significativos del drástico cambio introducido por el Gobierno en su política frente a las consecuencias de la crisis. El Ejecutivo defiende la justeza de la congelación de pensiones durante el próximo año a cuenta del incremento que éstas han experimentado respecto a la inflación, lo que permite estimar que el poder adquisitivo de los pensionistas ha mejorado en un 1,7%. Es cierto que la medida resultaría gravosa especialmente para aquellas personas que están accediendo a las prestaciones de la Seguridad Social durante 2010, que en gran parte han visto cómo los ingresos de sus últimos años de vida activa decrecían a causa de la crisis. La eventualidad de que los presupuestos para el próximo ejercicio incluyan la congelación de las pensiones debería contemplar la excepción para estos últimos casos. Pero dado que el Gobierno trata de orientar el grueso del ajuste hacia aquellos sectores sociales cuyos ingresos están garantizados, sean funcionarios o pensionistas, resulta imprescindible que tales iniciativas cuenten con la anuencia de las demás fuerzas parlamentarias y con la comprensión de los interlocutores sociales. Como medida de urgencia, la posible congelación de las pensiones contributivas cobraría sentido si al mismo tiempo se activase un debate sereno y franco sobre el futuro del sistema en el marco del Pacto de Toledo. De hecho resulta poco probable que el Gobierno obtenga los apoyos necesarios para la congelación de las pensiones durante el trámite parlamentario de los presupuestos para 2011 si no acomoda la iniciativa en un clima de diálogo y consenso sobre el futuro del sistema.