Los afectados de los edificios París y Roma no tendrán juicio hasta enero

Después de cuatro años, algunos siguen sin poder pisar su propia vivienda; otros tuvieron más fortuna y sólo tuvieron que esperar dos. Pero dentro de unos meses tendrán la oportunidad de recibir su merecida justicia, porque la juez que lleva el caso de los vecinos afectados por los retrasos y paralizaciones de las obras en los edificios París y Roma ha decidido rechazar de pleno la alegación de la defensa, que pretendía demostrar la deslegitimación de la asociación creada para defender sus intereses.

Sus esperanzas tienen ahora fecha: 27 de enero del próximo 2011, el día en el que se celebrará el juicio contra la promotora de las obras, Inmojasan, la constructora Projasan y la financiera y su rama de inversiones inmobiliarias. «Se ha ganado una batalla», manifiesta el abogado que protege los intereses de los vecinos, Francisco Mouriño. Con la decisión tomada en el Juzgado de Primera Instancia número 4 el pasado miércoles se cierra la primera fase del proceso, retrasada porque la defensa pedía que los afectados formulasen las demandas uno a uno, «algo imposible, aparte de caro», expresa el letrado. «Se ha invocado la doctrina del Tribunal Constitucional», y al tratarse ésta de una asociación legalmente registrada «el tribunal lo rechazó de pleno».

A pesar del retraso de más de seis meses al que se verá sujeto el proceso, «la cosa va bien», según Mouriño. Los 160 socios denunciantes, que abarcan a «prácticamente» la totalidad de los perjudicados, exigen el pago de una indemnización de tres millones de euros en total. Esta cantidad obedece a varios factores: por una parte, a la demora de dos años en la entrega de los pisos del edificio París, cuyas llaves pudieron recoger sus habitantes en 2008, y por otro, a los retrasos originados en las obras del Roma, una actuación que por descontado incluye la finalización inmediata de la construcción.

Responsabilidad

La historia es similar a la de otros casos de promociones inmobiliarias. Según la acusación, el problema aparece cuando la promotora descubre que no tiene la capacidad económica suficiente para poder finalizar la construcción de los inmuebles. Fue entonces cuando se sucedió el conflicto con los bancos que le habían concedido el préstamo para la compra de los terrenos. Las entidades financieras se negaron, según Mouriño, a responsabilizarse de lo ocurrido. Argumentaban que tan sólo eran socios, pero contaban incluso con dos representantes en el Consejo de Administración de la sociedad en la que era copartícipe Projasan. Mientras tanto, muchos de los vecinos firmaron incluso las escrituras de viviendas a las que todavía, cuatro años después, no han podido acceder.

«El gran éxito de la demanda -destaca Mouriño- está en pringar a las entidades financieras, que deberán pagar la indemnización». Algunos de los afectados planea incluso pedir indemnizaciones por los daños morales y económicos que dicen haber sufrido.