Admitido un recurso contra el recorte salarial

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por CC OO contra la reducción salarial de los funcionarios de la Administración General del Estado (AGE), impuesto por el Gobierno. El recorte en término medio es de un 5%, entró en vigor el pasado 1 de julio, terminará el 31 de diciembre y repercutirá en la paga extraordinaria de Navidad. Los sindicatos del área -CC OO, UGT y CSI-CSIF- denunciaron que la medida vulneraba un acuerdo tripartito suscrito en septiembre de 2009 con la vicepresidenta primera y encargada de la Función Pública, María Teresa Fernández de la Vega para los próximos tres años. Ante la actitud del Ejecutivo los tres sindicatos llevaron, por separado, el conflicto a los tribunales. Para 2011, el Gobierno cambió el recorte por la congelación de las retribuciones.

La primera respuesta judicial ha sido a la protesta de CC OO. La central que lidera Ignacio Fernández Toxo mantiene que su recurso pretende dar «cobertura jurídica» a todo el personal afectado por la resolución del Gobierno, aunque en principio defiende a los 150.000 funcionarios de la AEG. El responsable de la federación, Enrique Fossoul, explicó que el motivo alegado ha sido la variación de la nómina en el capítulo de retribuciones básicas. «La aplicación del recorte cuenta con un extenso ámbito de aplicación y tenemos la esperanza y la seguridad de que si al final ganamos la corrección se aplique a todos los empleados públicos víctimas del ajuste», apuntó.

«Confiscación»

El propósito perseguido por el sindicato consiste en que «los tribunales restablezcan los derechos retributivos de los empleados públicos a la situación anterior a esa decisión gubernativa». A juicio de CC OO, lo ocurrido fue una «confiscación» de los salarios que desde el primer momento se consideró «absolutamente inconstitucional y contraria a los más elementales principios generales del Derecho». Lo mismo opinan los portavoces de UGT y CSI-CSIF. Las tres centrales convocaron una huelga sectorial el pasado 8 de junio, cuyo seguimiento fue escaso.

Fossoul, recuerda que fue igualmente la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, quien, en 1996, dio la razón al sindicato contra la congelación salarial impuesta a los empleados públicos por el primer gobierno de José María Aznar. Después de una serie de pasos y recursos, el proceso terminó en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (con sede en la ciudad francesa de Estrasburgo), organismo que también apoyó a los trabajadores. La sentencia recogió, entonces, que técnicamente era imposible aplicar cualquier rectificación, lo que libraba de condena al Gobierno y por tanto de devolver el dinero congelado. «Pero ya quedó patente que cualquier gobierno no puede ni debe actuar unilateralmente sobre sus trabajadores», se congratula el representante de CC OO.

Mientras tanto, UGT ha realizado algunos estudios en busca de alternativas a los ajustes del Ejecutivo. En uno de ellos, mantiene que «la implantación efectiva del horario europeo en la Administración supondría un ahorro cercano a 4.000 millones de euros en gastos corrientes».