ANDALUCÍA

PSOE y PP tensan sus posturas ante el pleno sobre los recortes sociales

SEVILLA. Actualizado: Guardar
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El PSOE-A opinó ayer que el pleno del Parlamento solicitado por el Gobierno andaluz para contrarrestar las denuncias del PP sobre posibles recortes sociales y abordar el próximo CPFF es un gesto de «autoridad y un ejercicio de poder responsable» del presidente José Antonio Griñán. Técnicamente, la solicitud que ha cursado el Gobierno andaluz para comparecer en un pleno extraordinario, previsiblemente el 22 de julio, se refiere al debate de la posición que llevará la comunidad ante la reunión del próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de finales de mes, en el que se fijará el objetivo de estabilidad presupuestaria de 2011.

La iniciativa cuenta con el aval del grupo parlamentario socialista, cuyo portavoz Mario Jiménez, no dudó en señalar ayer en rueda de prensa que se trata de la «voluntad» del presidente, en lo que ha denominado como un «gesto de autoridad y de ejercicio de poder responsable».

La idea -precisó en declaraciones recogidas por Efe- es que la Cámara conozca cuál será la posición de Andalucía ante el CPFF y «escuchar» a la oposición y sus medidas «si es que tiene alguna». «Será el momento de saber si Javier Arenas (líder del PP-A) tiene, al margen de la frivolidad, algo más que aportar y de si IU tiene algo serio que decir más allá de lo que dice el politburó», ironizó.

Por su parte, el PP-A criticó la «obsesión» del PSOE-A por «negar la verdad» del documento sobre plan económico-financiero de reequilibrio de la Junta, en el que se recogen «recortes» en las políticas sociales y que el propio presidente de la Junta, José Antonio Griñán , calificó de «modélico» ante el Pleno del Parlamento.

La portavoz del PP-A, Rosario Soto, manifestó a Europa Press que frente al «insulto permanente» y la «obsesión» del PSOE-A «por negar la verdad», los populares han puesto sobre la mesa «pruebas, razones y rigurosidad» a la hora de constatar que ese plan, donde se recogen los «recortes» sociales, fue aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que es «oficial».