Patronal y sindicatos afirman que el recorte en obra pública destruirá 100.000 empleos

El que ha sido el sector más pujante durante los últimos años en España tiembla ahora de miedo ante el programa de austeridad lanzado por el Gobierno para luchar contra el déficit público. Tal es la angustia en la construcción que, lejos del tradicional desencuentro, patronal y sindicatos coincidieron ayer en que el escenario al que se enfrenta el negocio es más que peligroso.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Comisiones Obreras (CC OO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) afirman que el tijeretazo de 6.400 millones de inversión en obra pública en dos años se llevará por delante 100.000 empleos. Todo un varapalo para un sector que ya ha perdido un millón de puestos de trabajo en la crisis.

Por separado, patronos y sindicalistas destacan el peligro de reducir la inversión productiva; la que genera empleo. La cuenta es fácil: por cada millón de euros que se dejan de invertir en infraestructuras desaparecen entre 15 y 18 empleos. Aplicada al ajuste que prepara el departamento de José Blanco, la fórmula arroja una destrucción de entre 96.000 y 115.000 contratos. Contratos en su mayoría estables, pues la construcción ya ha hecho un gran ajuste en los temporales.

CC OO y UGT se reunieron ayer con el secretario de Estado y la secretaria general de Infraestructuras, Víctor Morlán e Inmaculada Rodríguez Piñero, respectivamente. Un encuentro en el que los sindicatos no despejaron ninguna duda. Fuentes presentes en la reunión explicaron que Fomento «aún no sabe ni el dinero que tiene para este año», y que «una vez lo tengan claro habrán de explicar empresa por empresa qué obras paralizan, aplazan o suspenden». «No se sabrá nada hasta, al menos, septiembre», añadieron. Lo único en claro, matizaron las mismas fuentes, es que el ajuste «no afectará» a obras ya en marcha en ferrocarriles, puertos y aeropuertos. Incluso, apuntaron siempre citando a Morlán, que se mantienen las fechas previstas para los AVE a Valencia, Alicante, Murcia, Extremadura o la conexión con Francia.

El gabinete del secretario de Estado rehusó comentar estos extremos. Fomento guarda silencio pues está previsto que a finales de mes José Blanco comparezca en el Congreso para ofrecer algún detalle sobre el recorte. Temerosas de que las constructoras aprovechen el recorte de obra pública para adelgazar plantillas, las dos centrales han exigido transparencia e información constante sobre el efecto en cada compañía. Fernando Serrano (CC OO) calificó de «aberración» el recorte en Fomento en el que, dijo, «Blanco deberá responder por los despidos si no se endereza la situación». Desde UGT se insistió en que menos obra pública «no es la manera de acabar con la crisis».

Preocupación

El vicepresidente de la CEOE y presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, fue claro: «estamos muy preocupados». Lazcano reclamó al Gobierno «una reflexión» para intentar dulcificar un futuro que se presenta peligroso y en el que irremediablemente «desaparecerán muchas empresas». Y es que el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) de colaboración público-privada, añadió Lazcano, también sufre problemas «y no será una realidad hasta después del verano».

La cuestión es que para esa supuesta tabla de salvación (tanto para las empresas como para Fomento) los bancos exigen rentabilidades de al menos el 10%; y eso no resulta tan sencillo hoy día.

Juan Lazcano afirmó que «nada va a ser como antes, ya que ha llegado un día en que el país se ha despertado pobre». Por eso la CEOE reclama el pago por el uso de las infraestructuras, o la instauración de la euroviñeta. «Lo que sea para recaudar dinero que sirva para infraestructuras», señaló Rafael Hernández, presidente de la patronal de productos para la construcción (Cepco), que calificó de «error» el AVE por sus altos costes y nula rentabilidad. «Es un lujo», dijo.

Lazcano y Hernández presentaron junto al presidente de la patronal de promotores y constructores (Apce), José Manuel Galindo, un informe sobre rehabilitación. La patronal propone eliminar el límite máximo de renta (53.000 euros al año) para poder aplicarse deducciones en el IRPF por las obras. Una propuesta que ya han trasladado al Gobierno pero a la que, dicen, Economía y Hacienda no hace sino «poner trabas». Si no se relaja ese máximo, añaden los patronos, se fomentará la economía sumergida.