La reforma de las cajas, un nuevo desencuentro en la familia socialista

Las críticas al decreto que reforma la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros (LORCA) han llegado desde varios sectores y organizaciones, pero una de las más contundentes procede de la Unión General de Trabajadores (UGT). Y, es que la norma, aprobada el pasado viernes en el consejo de ministros ha provocado un nuevo desencuentro sindicato-partido en el seno de la familia socialista.

La brecha UGT-SPSOE que abrió el plan de ajuste, que entre otras medidas recortaba el salario de los empleados públicos y congelaba las pensiones en 2011, se agranda. En medio ha estado la reforma laboral, también por decreto, que para los sindicatos «abarata y facilita el despido».

El enfrentamiento ha llegado a tal punto, que UGT, junto con la otra central mayoritaria CC OO, tiene convocada una huelga general para el 29 de septiembre. Es la primera protesta de este tipo que tendrá que afrontar el ejecutivo de Rodríguez Zapatero.

Ahora, la central que lidera Cándido Méndez, denuncia que el Gobierno «ha incumplido su compromiso de consultar y negociar cualquier reforma del sector con los interlocutores sociales». Recuerda que el Gobierno suscribió una declaración, en julio de 2008, en la que asumió no actuar en solitario en aquello que podía ser objeto del diálogo social (ámbito de debate y negociación entre Gobierno, patronales y sindicatos).

A juicio del sindicato, el decreto de las cajas supone «su bancarización» al romper el modelo social que «determinaba la actividad de este tipo de entidades, como es el fomento del ahorro, la atención a familias y pequeñas y medianas empresas o su naturaleza social». Además, UGT acusa al Ejecutivo de «impedir y ocultar» el debate político y social sobre el futuro de las cajas al tramitar la reforma por vía de urgencia con un decreto. Para el sindicato se trata de «una maniobra» que «afecta a la sociedad e incidirá de manera determinante en la economía del país».

Para UGT es inadmisible que el Gobierno haya abierto la capitalización de las cajas a través de cuotas participativas (especie de acciones) que contarán, al contrario de lo que sucedía, con derechos políticos (sus propietarios estarán representados en los órganos de gobierno de forma proporcional a su participación). «Este punto -resalta el sindicato- pese a los límites anunciados en forma de cupos máximos o nuevas mayorías para la toma de decisiones fundamentales supone un ataque directo contra la naturaleza jurídica de las cajas y contra su función social».

En definitiva, UGT considera que el decreto refleja «medidas traumáticas». «Si las cajas necesitaban capitalizarse -continúa la central- se podían haber buscado otras soluciones, abriendo el debate en general para decidir el modelo de entidad de ahorro que queremos tener en España».