Una sentencia «contradictoria, incoherente, resbaladiza y subversiva»

Los cuatro magistrados del Constitucional que votaron en contra de la sentencia, todos de tendencia conservadora, mostraron su desacuerdo con el texto. Con más o menos dureza, coincidieron en recalcar que si se hubiera anulado la referencia a la nación catalana se hubiera cocinado un 'Estatut' menos interpretativo que el actual, que deja en el aire la validez jurídica de muchas normas aprobadas.

«Se ha generado inseguridad jurídica»

OEl magistrado conservador recalca en su voto particular el carácter «contradictorio e incoherente» de la sentencia, que ha interpretado determinados artículos «nucleares» para salvar su carácter constitucional. Esta situación, añade, genera una inseguridad jurídica manifiesta en los artículos avalados. Se refiere, entre otros, al uso de la lengua catalana, la equiparación de las veguerías como provincias o las relaciones de la Generalitat con el Gobierno central. Asimismo, considera una «salida inteligente» el rechazo a la validez jurídica de la nación catalana, incluida en el preámbulo del texto.

«El tribunal ha actuado como un parlamento»

OFiel a su adscripción de conservador sin concesiones, el magistrado llega a decir que el Constitucional ha operado no como un órgano jurisdiccional, sino como una suerte de parlamento (órgano legislativo) para crear un Estatuto nuevo. Asegura que las normas estatutarias implican unos límites que el texto catalán incumple (financiación autonómica o regulación del uso de la lengua) y dice que la sentencia consigue salvar algunos preceptos a costa de dejarlos sin virtualidad jurídica (derechos constitucionales, poderes de la Generalitat o símbolos nacionales).

«El texto tiene un vicio colosal de incompetencia»

OEl letrado del Consejo de Estado, también del sector más intransigente, hace una alabanza al texto constitucional como garante de la convivencia democrática del país y asegura que el 'Estatut' incurre en «un vicio colosal de incompetencia» que subvierte la división de poderes entre el Estado y las comunidades autónomas. De ahí que la sentencia, añade, lejos de anular esos vicios los interpreta recurriendo al «siempre resbaladizo» terreno de la interpretación.

«Habría que haber anulado 27 artículos»

OComo buen centrista, el magistrado es menos beligerante que sus compañeros. Señala que se debieron anular 27 artículos y no 14, y reconoce que no era su intención formular un voto particular en un tema tan trascendente. Argumenta que al igual que se quitó validez jurídica a las referencias de Cataluña como nación debería haberse hecho lo mismo con los derechos históricos. Pone en duda la co-oficialidad de las lenguas, ya que «nunca será una relación entre iguales».