Reforma apremiante

El Consejo de Ministros aprobará hoy una reforma de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros que, por lo avanzado ayer por el presidente Zapatero tras reunirse con la CECA, persigue reforzar sus opciones de capitalización, al tiempo que procede a la profesionalización de sus órganos rectores, coincidiendo con las propuestas que viene realizando el propio sector. El hecho de que el Gobierno haya decidido llevar a cabo el cambio mediante decreto-ley es la muestra más fehaciente de la urgencia con la que ha de entrar en vigor la medida, cuando las condiciones del mercado financiero obligan a las cajas de ahorros a sortear los desafíos de la solvencia y la credibilidad acometiendo una reconversión que ha estado pendiente durante demasiado tiempo. Cada caja va a poder optar entre convertirse en una entidad que pueda llegar a ser participada hasta el 50% de su patrimonio, mantenerse tal cual o transformarse en entidad bancaria. El cambio constituirá una respuesta acertada a la contradicción que suponía que las cajas pudieran competir en el mercado tanto con ventajas como con inconvenientes respecto a los bancos siempre y cuando las entidades concernidas opten por modificar sus estructuras. En este mismo sentido, el decreto-ley debería ser secundado por una amplia mayoría del Parlamento, de forma que su convalidación restara razones a aquellas instituciones públicas que puedan estar políticamente interesadas en mantener el estatus actual de las cajas que dependan de ellas. Tanto la reordenación del sector como la reforma para la capitalización de las cajas sólo tiene sentido si van ligados a una drástica autonomización de su funcionamiento respecto a las instituciones fundadoras. Desde este punto de vista, la imposibilidad de que los cargos electos puedan formar parte de los consejos de administración de las cajas constituye una medida inapelable, que se volvería insuficiente si no va acompañada de una clara disposición por parte de las citadas instituciones fundadoras para renunciar a determinar el rumbo que adopten las entidades de ahorro. Por lo que, si la nueva normativa no puede contemplarlo en sus cláusulas, deberían ser los partidos y los gobiernos autonómicos los que se comprometieran a tal renuncia.