El juez imputa a Ripoll, pero desoye la petición de prisión que planteó la Fiscalía

En libertad, sin medidas cautelares, pero imputado en una trama corrupta para la adjudicación amañada en 2008 de un millonario contrato de gestión de residuos de 27 pueblos alicantinos a favor de empresarios amigos. El juez de Instrucción número 3 de Orihuela, Carlos Sanmartín, tras interrogar al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, le acusó de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios por haber entregado esa concesión a Enrique Ortiz, uno de los empresarios imputados en 'Gürtel'.

El magistrado, no obstante, desestimó la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que pedía para Ripoll prisión cautelar eludible con una fianza de 500.000 euros. Ripoll estaba citado a las 14 horas, pero entró a declarar a las 16 horas. A las 19.45 abandonaba los juzgados sin hacer declaraciones.

Después, a las 21.30 horas, en una declaración ante los medios sin preguntas, José Joaquín Ripoll aseguró que el juez de Orihuela que le tomó declaración no le aclaró «ni los hechos ni el por qué» de su imputación formal en la investigación sobre la adjudicación de un plan de residuos. El dirigente del PP prestó declaración «voluntariamente» y tras serles leídos sus derechos, el juez le trasladó que no le podían contar «ninguno de los hechos recogidos en las diligencias previas» en su contra, a causa del secreto sumarial. En todo caso, Ripoll aclaró que no dimitirá.

Tras la polémica por la redada de la 'operación Brugal' en la que fueron detenidos el presidente de la Diputación otras diez personas, un cauto silencio se impuso sobre la declaración de Ripoll y los otros cinco arrestados que ayer pasaron ante el juez. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana informó que los imputados fueron interrogados en relación «a los posibles delitos de tráfico de influencias, fraude y cohecho, entre otros».

Los otros cinco implicados que declararon ante Sanmartín en este caso de presunta corrupción en las adjudicaciones de basuras en la comarca alicantina de la Vega Baja por parte de la Diputación de Alicante también quedaron en libertad, aunque siempre con cargos.

Ortiz, máximo accionista del Hércules CF fue imputado de un delito de fraude y otro de cohecho, según su abogado Alejandro Bas. El letrado desveló que el fiscal «pedía una medida cautelar de prisión eludible bajo fianza de 800.000 euros» que fue «desestimada». El propio empresario afirmó que «respeta a los jueces» y señaló que el titular del juzgado «no ha tomado ninguna medida cautelar» en su contra.

100.000 euros

Por su parte, el juez impuso una fianza de 100.000 euros al empresario de automoción Rafael Gregory por los presuntos delitos de fraude, tráfico de influencias y cohecho. Gregory, ex presidente de la Fundación del Hércules. Además de Ripoll, Ortiz y Gregory declararon ante el juez el ingeniero José Francisco León, el gerente de la empresa Inusa, José Candel y el responsable de la compañía, Sufi Luis Bracho.

El juzgado tiene previsto que hoy comparezcan para diligencia de imputación judicial y posterior declaración en calidad de imputadas de otras cinco personas: tres concejales del Ayuntamiento de Orihuela y dos empresarios de la localidad. Los ediles son Manuel Abadía, Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez, los dos empresarios son Ángel Fenoll y su hijo, Antonio Ángel Fenoll. Fue precisamente la denuncia de Ángel Fenoll la que provocó la apertura de las investigaciones por la presunta corrupción en las contratas de basura.