Una de las denunciantes muestra el certificado de defunción de su hermana. :: ÓSCAR CHAMORRO
Ciudadanos

Cuatro familias más denuncian en el juzgado la desaparición de sus bebés en los años 70

La Fiscalía de Cádiz opta por abrir diligencias distintas y no agruparlas en un único caso para investigarlas por separado

CÁDIZ. Actualizado: Guardar
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La lista va creciendo y ya no son simples denuncias públicas a los medios de comunicación, las sospechas que un día se plasmaron en un periódico ahora están en los despachos de la Fiscalía de Cádiz, identificados por números que indican una diligencia previa, un caso por investigar para el Ministerio Público. En total cinco son las diligencias que entre el martes y el miércoles se han incoado y que hacen referencia a cinco neonatos que oficialmente constan como fallecidos, al menos en algunos papeles y certificados, pero que sus familiares sospechan que siguen vivos. En dos de ellos tienen una prueba inicial demasiado contundente, unos restos humanos que no aparecen en el antiguo camposanto de San José de Cádiz. ¿Un error o un delito de sustracción de menores que ha permanecido oculto durante años? La pelota está ahora en el tejado del fiscal. Por delante tiene seis meses para saber si hay caso o no. Si decide archivarlos, los denunciantes tendrían la posibilidad de recurrir directamente a un juzgado; aunque la cuesta se inclinaría demasiado.

Este periódico adelantaba el miércoles las primeras diligencias que abría personalmente la fiscal jefe, Ángeles Ayuso, al recibir la denuncia de una familia de Vejer. Aunque se habían difundido muchos testimonios en los medios escritos y televisivos, hasta la fecha no se había producido ninguna denuncia formal en la capital. La primera habla de un alumbramiento en septiembre de 1974. Un día después de su nacimiento en la clínica de San Rafael -la Residencia de Zamacola estaba en obras por esas fechas-, una enfermera informó a los padres, según reza en la denuncia, que su hijo había fallecido. Al igual que otros relatos nunca pudieron ver el cuerpo de su bebé que supuestamente fue enterrado en San José. A la fiscal le entregaron el martes el certificado de defunción y de ingreso hospitalario de la madre.

La duda les surgió a los padres 19 años después, en 1993. Tenían que trasladar los restos a otro cementerio pero cuando abrieron el ataúd sólo encontraron unas prendas y ningún hueso o vestigio biológico aparente. Sin embargo, sólo cuando vieron que había otras personas en la misma situación y que contaban historias muy similares, se animaron a dar el paso. Eso sí, ante la Justicia.

La primera voz

Al día siguiente, otros cuatro casos llegaban a los despachos de la Fiscalía en el Palacio de Justicia. Todos ellos recurrieron a los medios para hacerse oír después de que dos hermanas, hijas de emigrantes andaluces en el País Vasco, destaparan públicamente las primeras sospechas. Su denuncia está en la Fiscalía de Algeciras, donde se estudian otras once historias. El que debía haber sido su hermano pequeño, nació en 1967 en el hospital de La Línea. Sólo conservan una foto en blanco y negro de su abuela con el recién nacido muerto. No hay certificados de defunción ni documento que acredite que no está con vida. Llevan tres años esperando el legajo de abortos.

Chary Herrera es una vecina de San Fernando que ya relató en este periódico sus dudas sobre la muerte de una hermana el 11 de enero de 1975, coincidiendo también con el cierre temporal de Zamacola. En el certificado de defunción pone que el bebé tenía siete meses de vida, pero su madre siempre ha negado que tuviera un parto prematuro. «Creo que no es tan complicado localizar a todos los niños que nacieron ese mismo día. Aquellos que estén vivos pueden someterse a pruebas que confirmen su perfil biológico». Está esperanzada, aunque sabe que el tiempo transcurrido es una losa jurídica que pesa demasiado.

La más reciente

De las otras tres denuncias que ya obran en poder del Ministerio Público, hay una que hace referencia a un alumbramiento en el hospital Puerta del Mar. El nacimiento se produjo el 5 de febrero de 1979. Dos años antes (el 20 de diciembre de 1977) se producía el primer ingreso del centro hospitalario que hoy da cobertura sanitaria pública a buena parte de la provincia.

Ésta es la historia de Francisca Pinto, que reside en Arcos. Su lucha arranca de atrás. Llegó a contratar un detective privado que le confirmó que en el osario del cementerio de San José donde debía estar los restos de su hija recién nacida sólo había huesos de cadáveres adultos y de un feto que debió nacer en 1978. Las fechas no coinciden, pero su primera denuncia, presentada en un juzgado de Arcos, fue archivada. Hoy apela a una segunda oportunidad.