El Gobierno avisa de que ahora no se puede suspender la Ley del Aborto

El Gobierno lo tiene muy claro: la nueva Ley del Aborto no quedará suspendida. El Ministerio de Justicia, con la ley y la jurisprudencia constitucional en la mano, adelantó hoy que en los próximos días el Tribunal Constitucional no tendrá más remedio que rechazar las medidas cautelares pedidas por el PP en su recurso contra la norma y que las comunidades autónomas populares que ahora se resisten a ponerla en marcha ya no tendrán excusa alguna ni podrán aludir a vacíos legales. No obstante, no se espera que el Constitucional resuelva la petición cautelar de suspensión realizada por el PP hasta la próxima semana, ya que en este momento sus magistrados terminan la redacción de la sentencia del 'Estatut', según confirmaron fuentes judiciales.

El Ejecutivo recordó ayer al Constitucional que no le queda más remedio que rechazar la petición de suspensión de la ley que el PP reclamó a la corte como medida cautelar mientras delibera y resuelve el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la norma, tarea que ocupará a los magistrados durante meses o años. La razón es muy simple, según concluye la Abogacía del Estado en los ocho folios de su informe de alegaciones: el Constitucional «carece de potestad» para dejar en suspenso, a la espera de sentencia, una ley aprobada por las Cortes Generales.

El documento de la Abogacía señala que la razón fundamental para desestimar las medidas cautelares reclamadas por el PP está en el artículo 30 de la ley orgánica que regula el propio trabajo del Constitucional. El escrito de Justicia dice que este punto señala que «ni la Constitución ni la ley orgánica atribuyen efecto suspensorio alguno a los recursos (de inconstitucionalidad) que se dirigen contra las leyes del Estado», porque el sistema jurídico español parte del concepto de «presunción de legitimidad» de las normas emanadas del Parlamento.

El Gobierno añade que el poder de suspensión provisional de leyes o preceptos por parte del Constitucional «está tasado», por lo que no puede utilizarlo a su antojo sino sólo cuando la prevén las normas. Las leyes le permiten a la corte utilizar esta medida en casos como el recurso de amparo -por vulneración de derechos- o en los conflictos de competencias entre el Estado y las comunidades, pero nunca en los recursos contra leyes estatales.

Aviso político

El Gobierno, además de cerrar la vía jurídica, salió ayer a la palestra para lanzar otra advertencia, en este caso política, dirigida a los gobiernos regionales presididos por el PP que amagaron el lunes, el día de su entrada en vigor, con una suerte de insumisión a la norma. El Ejecutivo no se lo va permitir. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, responsable política de la nueva ley, hizo una llamada a la responsabilidad de todos, pero al tiempo avisó de que si alguien trata de bloquear o incumplir la norma el Gobierno «pondrá en marcha todos los mecanismos jurídicos necesarios» para asegurar su cumplimiento efectivo.

Aído, en sus declaraciones, respondió de manera fundamental a los avisos del presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, el más beligerante de todos. Consideró «irresponsable» que un presidente de una comunidad autónoma «pueda hacer declaraciones en ese sentido» y señaló que espera que el presidente nacional de su partido, Mariano Rajoy, ponga orden entre los 'barones' regionales del PP. En su opinión, estos amagos de insumisión a una ley «son más propios de un partido marginal, un partido antisistema, que de un partido que tiene aspiraciones de gobierno». La ministra aclaró que «en una democracia no hay nadie que esté por encima de la ley, porque estamos en un estado de derecho y las leyes están para cumplirlas». «¿Qué concepto tienen de la democracia, qué concepto tienen de estado de derecho?», se preguntó.

La vicepresidenta segunda del gobierno, Elena Salgado, también hizo alusión a las palabras del presidente de la comunidad de Murcia sobre la intención de oponerse a llevar a cabo la ley de interrupción voluntaria del embarazo que entro en vigor el pasado lunes. Salgado comentó que «sinceramente lo que me parece el caso de Murcia, donde se han hecho declaraciones por parte del presidente de no acatar una ley, pues me parece sinceramente de una extraordinaria gravedad y un ataque frontal al Estado de derecho».