Nuevos frentes contra la ley del Aborto

Surgen nuevos frentes contra la ley del Aborto que entró en vigor ayer y por la que, por primera vez en España, la mujer no estará obligada a dar explicaciones para interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación. Asimismo, contempla que se podrá abortar hasta la semana 22 en caso de grave riesgo para la vida o la salud de la mujer o si el feto sufre graves anomalías. Tras la semana 22, sólo si el feto tiene una malformación incompatible con la vida o una «enfermedad extremadamente grave e incurable» puede interrumpirse el embarazo, sin límite de tiempo, siempre que así lo confirme un comité clínico.

Comunidades del PP

El presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aseguró este ayer que, «de momento, no hay razones» para acatar la ley del Aborto porque todavía no se ha resuelto 'todo' y no hay sentencia en firme por parte del Tribunal Constitucional, después de los recursos presentados por el PP y el Gobierno de Navarra. Valcárcel sostuvo que «seguiremos buscando las vías jurídicas, en ellas estamos, y cuando se haya resuelto todo ya veremos a ver qué es lo que se hace. De momento no hay razones para acatarlo».

Sin llegar al límite expuesto por Valcárcel, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid expresó su intención de «proteger en todo momento el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios». La Xunta de Galicia, por su parte, no introducirá información propia relacionada con las ayudas a las mujeres que quieran interrumpir su embarazo en el sobre que, por decreto del Ejecutivo, las autonomías deben entregar a las gestantes a partir de este lunes.

El Gobierno de Navarra, mientras tanto, confirmó que seguirá derivando a las mujeres que deseen abortar a centros de otras comunidades y bajo subvención. La tesis de la Consejería navarra de Salud es que la objeción de conciencia de los médicos no está convenientemente regulada.

Castilla-La Mancha

Las castellano-manchegas que quieran abortar acogiéndose a la Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo deberán hacerlo en clínicas privadas, pues todos los ginecólogos de la sanidad pública de esta comunidad se han declarado objetores de conciencia.

De esta forma, en ningún centro sanitario dependiente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) se practicarán abortos voluntarios. No obstante, el Sescam anunció ayer que llegará a acuerdos con «clínicas acreditadas de la comunidad o de otras cercanas para poder realizar las interrupciones voluntarias del embarazo y garantizar así las prestaciones que recoge la ley», según declaró la delegada de Salud en Albacete, Angelines Martínez.

Lo que aún no ha hecho el Sescam ha sido cuantificar el coste económico que estos acuerdos supondrán para las arcas públicas de una comunidad autónoma que cada día gasta 7,5 millones de euros en gasto sanitario, según datos de la propia Consejería de Salud. Todos los ginecólogos contratados por el Sescam deberán inscribir ahora sus datos personales en un registro regional de médicos objetores que la Junta ha creado con motivo de la entrada en vigor de la nueva ley.

Conferencia Epsicopal

La entrada en vigor de la nueva ley del aborto fue, de nuevo, criticada por la Conferencia Episcopal Española, que la tildó como una «ley objetivamente incompatible con la recta conciencia moral», en particular, la católica.

Arguye el órgano de gobierno de los obispos españoles que, desde el punto de vista ético «empeora la legislación vigente por varios motivos». Primero, y sobre todo, porque la nueva legislación «considera la eliminación de la vida de los que van a nacer como un derecho de la gestante durante las primeras 14 semanas del embarazo, dejando prácticamente sin protección alguna esas vidas humanas, justo en el tiempo en el que se producen la gran mayoría de los abortos».

En segundo lugar, porque establece «un concepto de salud tan ambiguo que equivale a la introducción de las llamadas indicaciones social y eugenésica como justificación legal del aborto». Y, en tercer lugar, «porque impone en el sistema educativo obligatorio la ideología abortista y 'de género'».

Ministra de Igualdad

De su lado, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, aseveró que está «todo preparado y listo» para que la nueva ley del aborto se ponga en marcha «con toda normalidad», aunque puntualizó que, «obviamente, los primeros días habrá ajustes». Sostuvo Aído que la primera obligación de cualquier gobierno responsable «es asumir la realidad y darle una respuesta».

Así, indicó que la realidad española está marcada por un «creciente número de abortos en las últimas décadas», por lo que el objetivo principal de la nueva ley es 'frenar' el número de embarazos no deseados. La ministra agregó que el texto vigente desde hace 25 años está «obsoleto con respecto a la actual sociedad española» y mantuvo que la nueva ley es «más segura y tiene mayores garantías jurídicas». Es una norma «mucho mejor de la que teníamos», subrayó la responsable de Igualdad.